Diario de León

El Gobierno amplía las ayudas hipotecarias a las rentas de 38.000 euros

Nadia Calviño prorroga ante de irse el cambio gratuito de hipoteca variable a fija al año que viene y lo extiende a los préstamos mixtos

La vicepresidenta Nadia Calviño. JUAN CARLOS HIDALGO

La vicepresidenta Nadia Calviño. JUAN CARLOS HIDALGO

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A solo dos semanas de dejar el Ministerio de Economía para incorporarse al Banco Europeo de Inversiones, la vicepresidenta Nadia Calviño se reunió ayer con la banca para comunicar de forma oficial la ampliación de las ayudas a los hipotecados. Finalmente, el Gobierno elevará de 25.200 a 38.000 euros el umbral de renta anual para acceder al nuevo Código de Buenas Prácticas que se puso en marcha hace un año, con medidas como la congelación del tipo de interés durante 12 meses o la extensión del plazo de amortización de hasta siete años. Al encuentro asistieron entre otros las principales patronales del sector y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que han ‘tragado’ con la medida a regañadientes, al considerarla «innecesaria». Entre otras cosas, porque las entidades ya cuentan con alternativas para sus clientes, como las renegociaciones o las amortizaciones anticipadas, disparadas este año. Desde el sector defienden además que las cifras evidencian la escasa acogida que las ayudas han tenido hasta ahora, en un entorno en el que la resistencia del mercado laboral ha permitido a las familias seguir pagando sus préstamos. La propia Calviño detalló que la banca ha recibido tan solo 55.000 solicitudes de adhesión hasta septiembre.

Y el Banco de España ya explicó que, de esa cifra, apenas un 10% había recibido el visto bueno de las entidades. La vicepresidenta también reconoció ayer que el objetivo del plan es «crear una red de seguridad, aunque la mejor noticia es que las familias no necesiten medidas de alivio».

Y su previsión es que, con los cambios acometidos, las ayudas lleguen a unos 100.000 hogares más. Dentro del acuerdo, el Gobierno ampliará durante 2024 la suspensión de las comisiones de amortización anticipada de las hipotecas a tipo variable, así como la conversión a tipo fijo de esos préstamos.

En este punto, se llegó a un importante pacto para que esa gratuidad se aplique también en las conversiones de tipo variable a tipo mixto. «Una vez que finalice esta medida se extenderá el techo permanente del 0,05% que limita las comisiones aplicables a cambios de hipotecas de tipo variable a fijo, de forma que incluyan también los cambios a hipotecas a tipos mixtos», añaden desde el Ministerio de Economía.

Por otro lado, el Ejecutivo anunció que prohibirá por ley eliminar antes de final de año de las comisiones por la retirada de efectivo en ventanilla a los mayores de 65 años. Una medida que, por otro lado, ya aplican prácticamente todos los bancos.

Desde la patronal confirman que en el encuentro no se habló del polémico impuesto al sector que tantas tensiones ha generado incluso entre los socios de coalición. «Cuando los tipos eran negativos, no nos compensaron de ninguna manera. A los inversores les da la sensación de que cada vez que la banca gana más, les meten la mano en la cartera», critican desde una entidad financiera nacional.

Preguntada por esta cuestión, Calviño insistió en que «no hay ninguna novedad» respecto a lo avanzado el pasado viernes, indicando que la revisión del gravamen «está alineada con el acuerdo de Gobierno» entre PSOE y Sumar. El director general de CECA, José María Méndez, recordó «los efectos contraproducentes» en términos de empleo y crédito que puede causar el impuesto. Asimismo, que figuras fiscales de este tipo deberían ser armonizadas en el ámbito europeo. «Va en el camino contrario de la Unión Bancaria», subrayó tras el encuentro.

En esta línea se expresó también la directora general de la AEB, María Abascal, que explicó que nadie ha informado a las patronales «de ninguna modificación ni de ningún cambio».

Abascal recordó que el tributo está recurrido por las propias entidades y las asociaciones bancarias e insistió en que «supone menos crédito para la economía» y que penaliza a los inversores minoristas.

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