La Audiencia Nacional asume la competencia para investigar

Los peajes subirán en 2025 ligados a la inflación, como antes de la crisis

España necesita invertir 150.000 millones de euros en infraestructuras de transporte

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edurne martínez
Madrid

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La inversión en infraestructuras necesarias en España para dar solución al alza de la demanda de movilidad y la modernización de la redes asciende a más de 150.000 millones de euros, según los cálculos de Seopan, la patronal de las constructoras y concesionarias. Solo en carreteras, la inversión necesaria es de 24.000 millones de euros dado que estas infraestructuras no cuentan con financiación propia, como sí ocurre en otras como aeropuertos (con las tasas que Aena cobra a las aerolíneas) o en el sector ferroviario (con los cánones de Adif).En varias ocasiones el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, ha puesto encima de la mesa la necesidad de financiar las carreteras con un sistema de pago por uso, como ocurre en prácticamente toda Europa —el Gobierno incluso llegó a incluir esta propuesta en su plan de reformas ante la Comisión Europea, aunque después lo retiró-, un medio que soporta el 86% de la movilidad por el país de las personas y el 93% de las mercancías. Pero por el momento no habrá un sistema de pago por uso generalizado y las autopistas de peaje en vigor volverán a subir sus tarifas conforme a la inflación en 2025, sin subvenciones por parte del Estado y continuando con el modelo previo a la crisis inflacionista.Así lo explicó el presidente de Seopan, Julian Núñez, durante la presentación del informe ‘Análisis de la Inversión Prioritaria en Infraestructuras en España’ este lunes en Madrid. «La subida es automática conforme a la inflación. El Gobierno quiso atenuar el incremento otros años por el elevado IPC, pero no creemos que en esta ocasión suceda porque la inflación ya está muy controlada», indicó Núñez a preguntas de los periodistas.En 2023 los peajes se incrementaron un 4% en lugar del casi 8,4% que correspondía según el IPC de 2022 para aliviar el impacto en las familias, y el Gobierno se comprometió a ir compensando a las concesionarias a lo largo de los siguientes ejercicios. Las concesionarias de la red de 1.500 kilómetros de peaje estatales (las principales son Abertis, Itínere, Glovalbía y Ausol), que facturan alrededor de 1.500 millones de euros al año, no aceptaban perder la mitad de lo que hubieran facturado en 2023 si se cumpliera con la subida ligada al IPC. Por ello, tras una intensa negociación, el Ministerio de Transportes estableció esa compensación para ellas, aunque muy alejada de la que solicitaban. Y en 2024 ya se observó esa compensación con tarifas que subieron por encima del IPC, entre el 5% y el 6,65%.Esta subida fue la mayor desde que en 2002 se aprobara el sistema de vinculación de tarifas con el IPC. De hecho, en 2023 por el tope establecido por el Gobierno y en 2024 por la compensación fueron los dos únicos años que no se ha aplicado la revalorización automática de los peajes con el IPC.Desde el Ministerio de Transportes aseguran que están estudiando cuál será la subida

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Un ciberataque a la CNMC revela 2.000 millones de datos personales sensibles

Un ciberataque «masivo» contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en una fecha indeterminada y cuyos detalles se han conocido este lunes, supuso una fuga de 2.000 millones de registros de datos personales «sensibles» correspondientes a titulares de telefonía móvil que dicho organismo estatal custodia, entre otras de competencias. El ataque informático a la CNMC se produjo mediante el acceso ilícito a sus servicios de seguridad y se desconoce por ahora a qué nivel de datos personales alcanza. Un informe técnico del Centro Criptológico Nacional (CCN), una entidad dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), señala que la fuga de datos se dirigió hacia un servidor de la empresa Private Layer INC, con domicilio en el cantón suizo de Tesino. Es decir, se trata de una empresa de hosting (servicio de alojamiento web que te permite almacenar los archivos de tu página y subirlos a Internet) que ha sido utilizada para perpetrar el ciberataque. Dicha mercantil suele aceptar criptomonedas (medio digital de intercambio) como medio de pago para alquilar sus servicios, según explican fuentes de la seguridad informática. En concreto, la exfiltración ha afectado a un total 240 gigabytes de datos de los abonados a las líneas telefónicas de España y que, por las competencias de la CNMC, son custodiados por este organismo regulador independiente encargado de preservar, garantizar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva y de una regulación eficiente en todos los mercados y sectores productivos en beneficio de los consumidores y usuarios. En un principio, la denuncia por el masivo robo de información particular recayó en el juzgado de Instrucción número 27 de Madrid, pero el asunto derivó en una cuestión de competencia con un juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional, dado que este asunto afecta a intereses del Estado y de la seguridad nacional. Pese a que la Fiscalía consideró adecuado que la causa se hubiera quedado en el órgano ordinario, finalmente lo ha asumido la jueza de la Audiencia María Tardón. Tardón, una vez analizada la doctrina del Tribunal Supremo, ha considerado en un auto que sí debe concebirse a la CNMC como un alto organismo de la nación.