El CES carga contra Díaz por el plazo «poco claro» para reducir la jornada

No habrá un veredicto claro del Consejo Económico y Social (CES) sobre la medida estrella de la legislatura, sobre la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales a finales de este año. No se pronunciará en este caso ni a favor ni en contra de la nueva ley. Pero este órgano consultivo del Gobierno, tal y como es preceptivo, sí emitirá su tradicional dictamen que se votará este miércoles sobre la nueva norma aprobada recientemente en el Consejo de Ministros que aterrizará en las próximas semanas en un Congreso más dividido que nunca y sin los apoyos garantizados. Y esta división se ha manifestado claramente en este órgano, que reconoce «diferencias significativas» y la imposibilidad de alcanzar consensos entre los tres grandes grupos que lo representan (sindicatos mayoritarios, patronales y representantes del sector agrario, pesquero, de asociaciones de consumidores, etc.), según explica el documento de veinte páginas.

De esta forma, recoge de forma expresa las discrepancias que existen tanto en el primer recorte por ley de la jornada laboral en España en más de cuatro décadas como en aspectos «nucleares» de las otras dos medidas que también regula: el registro de jornada, que se endurece, y la desconexión digital, un derecho que pasa a ser «irrenunciable». Pero, además, el CES le asesta varios golpes a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, al afearle la premura con la que se ha tramitado una norma «que aborda cuestiones de gran complejidad e importancia", al echarle en cara una memoria sobre el impacto económico de esta medida «insuficientemente fundamentada e incompleta» y al alinearse con el ala socialista del Gobierno y reclamar un plazo «suficiente» para la entrada en vigor de la nueva ley e incluir medidas de acompañamiento para que las empresas puedan adaptarse, tal y como defiende el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Más concretamente, el CES solicita al Ejecutivo «un marco más flexible que permita el cumplimiento efectivo de la norma». Y añade: «Esto será especialmente necesario en relación con algunos sectores y actividades", entre las que menciona a modo de ejemplo las agrarias y las pesqueras. A su vez, ve «conveniente» que se establezca un sistema de entrada en vigor «jurídicamente más claro» para la nueva jornada máxima, puesto que por un lado el anteproyecto de ley establece que la entrada en vigor se producirá al día siguiente de su publicación, pero, a su vez, fija un plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para que los convenios colectivos se adapten a la nueva jornada máxima.

Por ello, aboga por «contemplar un régimen transitorio suficiente que permitiera a los ámbitos sin convenio colectivo en vigor la adaptación de los sistemas organizativos de las empresas y, en los casos donde sí existe convenio de aplicación, un periodo también suficiente.