Millar y medio de leoneses pueden exigir ya accesibilidad para sus edificios sin vetos
La reforma de la Ley de Dependencia habilita la cota cero para los ascensores, con menos límites;El cambio en la normativa entra en vigor tras sus aprobación a finales del mes pasado
Comprobación de accesibilidad en un edificio de León.
Alrededor de un millar y medio de leoneses pueden acogerse a la modificación legal aprobada el pasado mes de octubre, por la cual la Ley de Dependencia habilita la posibilidad en su versión reformada de sortear los vetos a las obras de accesibilidad en las comunidades de vecinos, bien mediante la ejecución directa de los proyectos o por la vía contencioso-administrativa.
La Ley 4/2026, de 1 de octubre, publicada en el BOE el día 3, modifica el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal. Esta vía refuerza la financiación de obras obligatorias, hasta ahora inmersa en una especie de limbo legal, impone la obligación de solicitar determinadas ayudas habilitadas a nivel institucional y permite a los leoneses acudir a las dependencias del Tribunal de Instancia de Sáenz de Miera para exigir judicialmente su ejecución.
«No se limita a modificar la regulación de la dependencia: también introduce cambios en materia de discapacidad y modifica, en su disposición final primera, el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal, una norma de especial importancia para las comunidades de propietarios», explica la abogada leonesa Inmaculada del Rocío Álvarez Rodríguez.
Las obras necesarias para garantizar la accesibilidad universal y, en todo caso, los ajustes razonables «son obligatorios cuando los solicita el propietario en cuya vivienda o local vive, trabaja o presta servicios voluntarios una persona con discapacidad o mayor de setenta años». Como regla general, «se exige que el importe repercutido cada año, una vez descontadas las ayudas públicas, no supere doce mensualidades ordinarias de gastos comunes». La reforma añade que, si la comunidad solicita financiación, «el coste podrá repartirse durante el número de años que permitan las opciones disponibles. Esto puede reducir el importe de la derrama anual», advierte la letrada.
El segundo cambio relevante afecta a las ayudas públicas. «La persona que solicita las obras puede informar a la comunidad sobre las ayudas disponibles, y la comunidad queda obligada a solicitarlas». Si las ayudas concedidas alcanzan el 70 % del coste de las obras, «deberán ejecutarse aunque se supere el límite de las doce mensualidades. También seguirán siendo obligatorias si las ayudas no llegan a ese porcentaje o se supera el límite económico, siempre que quienes solicitaron las obras asuman el exceso».
POR LA VÍA JUDICIAL
Si, pese a concurrir esas circunstancias, la comunidad no ejecuta las obras, «la persona interesada puede acudir a la autoridad judicial para que adopte las decisiones necesarias. Además, la ley prevé que las administraciones públicas habiliten fondos para ayudas destinadas a estas actuaciones. En suma, el coste o la falta de acuerdo vecinal no bastan, por sí solos, para justificar que se bloquee una obra de accesibilidad».
La normativa de Propiedad Horizontal obliga a bajar a cota cero los ascensores siempre y cuando en el edificio viva o trabaje al menos una persona con movilidad reducida, discapacitada o mayor de 70 años y sea quien lo solicite. En ese caso, la comunidad de propietarios está legalmente obligada a hacer las adaptaciones necesarias, siempre y cuando el coste no supere lo estipulado por la legislación (12 mensualidades ordinarias). Esta obligatoriedad se aplicará sin necesidad de votarlo previamente en junta y siempre y cuando se considere que sea técnicamente posible y viable.