El plan pretende además facilitar la contratación de jóvenes
Funcionarios: una jubilación más tardía pero trabajando menos horas
Las propuestas para modificar la ley de función pública plantean flexibilizar la edad del retiro
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en un encuentro sobre el futuro de las pensiones.
La ley de función pública empieza a tomar forma en la negociación de los pormenores por las formaciones políticas y encarrila su tramitación en el Congreso de los Diputados. El anteproyecto para modernizar las condiciones de los empleados públicos ha recibido en fase de enmiendas iniciativas para la modificación de la jubilación parcial, la extensión de la edad forzosa de retiro, la reducción a 35 horas semanales la jornada de los empleados de la Administración del Estado, la estabilización de las plantillas y combatir la temporalidad, entre otras medidas. La apuesta por acomodar los plazos de retiro laboral a diversas circunstancias es una petición que se repite en los textos a los que ha tenido acceso este medio.
El grupo socialista, en coordinación con el departamento que dirige el ministro Óscar López, apuesta por flexibilizar por que los funcionarios puedan retirarse entre los 62 años de manera parcial y los 72 de forma voluntaria. Por un lado, aplicar la jubilación parcial a los trabajadores del sector público, permitiendo a los funcionarios reducir su jornada laboral y cobrar una parte de su pensión hasta tres años antes de la edad de jubilación ordinaria.
Este modelo está contemplado para trabajadores que tienen como mínimo 60 años y consiste en compartir la jubilación con un trabajo a tiempo parcial que, en la mayoría de los casos, se vincula a un contrato de relevo, que a su vez, facilitará la contratación de jóvenes.
Esta modalidad ya está contemplada por la ley para todos los trabajadores, incluido el personal laboral de las Administraciones pero no es así para los funcionarios. Y esta es la novedad que devolverá a los funcionarios esta opción que el PP suprimió para este colectivo en 2012. Recuperarla supondrá la modificación del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, así como la Ley General de la Seguridad Social y la Ley de Clases Pasivas del Estado.
Para cubrir las horas dejadas por el funcionario en jubilación se implementará un contrato de relevo. Tanto el PSOE como el PP proponen prorrogar la edad de jubilación obligatoria —70 años— dos años más, siempre y cuando el trabajador lo solicite. Con esta medida las formaciones buscan responder la solicitud de colectivos como médicos, jueces o profesores universitarios que demandan elevar la edad máxima en la que pueden continuar en activo.
Las enmiendas de Sumar pasan por intentar avanzar en la reducción de la jornada laboral máxima de los funcionarios hasta las 35 horas semanales. Igualmente, el socio minoritario del Ejecutivo plantea que la jubilación parcial alcance su límite a los 70 años —dos menos de lo propuesto por PSOE y PP— y nunca para personal directivo, así como combatir la temporalidad en los contratos. En este último punto coinciden varias de las propuestas.
Podemos propone declarar la estabilización de los puestos como empleados públicos "a quien se encuentre ocupando un puesto de trabajo respecto del cual se hayan superado los límites legales temporales o haya encadenado contratos de duración determinada sin causa justificada".
Y tanto el PNV como Bildu plantean que la tasa de cobertura temporal se sitúe por debajo del 8% de las plazas estructurales tal y como se establece en el artículo 2 de la ley 20/2021. Sobre medidas de conciliación, el PSOE aboga por un permiso parental en el cuidado de hijos o menores acogidos hasta los 8 años que tenga una duración no superior a ocho semanas de las cuales dos serán retribuidas y el PP apuesta por regular una excedencia específica para los funcionarios de embajadas y consulados. El resto de propuestas apuntan a eliminar la movilidad forzosa, un endurecimiento de las sanciones de empleo y sueldo o la petición de las formaciones independentistas para que se reconozcan las lenguas cooficiales "en los territorios donde se presten los servicios".