La beligerancia del Gobierno aboca a BBVA a una opa sin opción de fusión con el Sabadell
El presidente del BBVA, Carlos Torres, en el centro.
La opa presentada por BBVA sobre el Banco Sabadell, una iniciativa que en mayo cumplirá ya un año desde que se hizo oficial, sigue quemando etapas y consumiendo tiempo hacia un final que todavía es incierto. Pese a ello ha ganado peso la idea de que Competencia impondrá condiciones asumibles por BBVA para lanzar la oferta —también que el procedimiento no planteará problemas en el supervisor bursátil CNMV— y que el Gobierno adoptará una solución salomónica: no impondrá modificaciones sustanciales a la decisión de Competencia pero, a cambio, tratará de satisfacer las voces que claman contra la opa impidiendo la fusión. Esta última es una potestad exclusiva del Ejecutivo que condenaría a BBVA, si triunfa su oferta entre los accionistas del Sabadell, a ser el propietario de control de la entidad catalana, pero que le obligaría a mantener su identidad mercantil diferenciada. Esto es, no sólo conservaría la marca sino una estructura directiva y comercial propia. En el seno de BBVA esta opción es la que cuenta en estos momentos con más adeptos.
La beligerancia del Gobierno con esta opa no es un secreto. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha mostrado con claridad que le preocupa su «impacto en la competencia bancaria", pero lo cierto es que medirlo no será una competencia del Ejecutivo. Cuando la CNMC concluya su trabajo y autorice con condiciones la opa —todo está en el aire, puede ser en la primera semana de abril o prorrogarse hasta finales de ese mismo mes-, el Ejecutivo tiene la opción, en la denominada 'Fase 3', de valorarla por razones ajenas a la competencia.
La seguridad nacional, que no parece que pueda influir aquí, es una de las razones por las que el Gobierno puede impedir o extender las condiciones que haya aprobado la CNMC. Apelación al Gobierno Los máximos responsables del Sabadell, su presidente Josep Oliu y el consejero delegado César González-Bueno, pidieron la pasada semana «claridad» al Gobierno en sus decisiones. Esta apelación en público da a entender que albergan grandes dudas sobre la contundencia real de lo que pueda salir del Ministerio.