La CNMC defiende su «rigor» en la opa frente a la consulta pública del Gobierno
Multas de hasta 60 millones de euros a los responsables del apagón
La CNMC elabora un documento que también pondrá el ojo en el sector ferroviario y telecos
La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, Cani Fernández.
El comité de investigación sobre las causas que originaron el apagón ocurrido en la Península el pasado 28 de abril cuenta con la presencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero solo como invitada. Sin embargo, el organismo público está realizando una investigación por su cuenta, un análisis propio e «independiente», según confirmó este martes la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. En esta investigación el organismo llevará a cabo dos actuaciones principales. Por un lado, Fernández aseguró que si del análisis previo se deducen infracciones graves o muy graves el régimen sancionador incluye multas «de hasta 60 millones de euros» con herramientas proporcionales a los incumplimientos. «Estas sanciones garantizan la capacidad disuasoria» de las acciones, recordó la presidenta de la CNMC.
Por otro, se podrán llevar a cabo acciones accesorias a la sanción, como la inhabilitación o la pérdida de autoridad administrativa. A esto se suma la obligación de restituir o indemnizar al sistema o actores afectados, independientemente de las reclamaciones e indemnizaciones que puedan recibir los particulares de sus aseguradoras. Estas indemnizaciones, incluidas en el artículo 69 de la Ley del Sector Eléctrico, supone la obligación de «restituir las cosas o reponerlas a su estado natural anterior al inicio de la actuación infractora en el plazo que se fije», explican fuentes del organismo. Y cuando no se puedan restituir —como es el caso-, la ley impone la indemnización de los daños irreparables por la misma cuantía que el valor de los bienes. La presidenta explicó que se elaborará un informe con conclusiones y propuestas cuando se examinen los hechos. Será un documento que no podrá limitarse solo al ámbito eléctrico, sino que el incidente también supuso un apagón del sector ferroviario y de las telecomunicaciones que hay que investigar. Estos son «servicios esenciales» y habrá que dilucidar causas y consecuencias desde una «perspectiva multisectorial», indicó Fernández. En este sentido, la presidenta aseguró que se está analizando el proceso de reposición de los servicios el día 29 para saber si funcionó todo correctamente y detectar «mejoras aplicables».
«Millones» de datos a analizar
De momento —explicó— no hay datos que expliquen la concatenación de fallos que llevaron a la caída del sistema eléctrico nacional, a pesar de que ese día hubo una alta producción de renovables, un tipo de energía que varios grupos políticos y parte del sector han puesto en el punto de mira. Por la complejidad del acontecimiento —»se están analizando millones de datos, milisegundo a milisegundo», señaló Fernández en su comparecencia-, el informe del Ministerio de Transición Ecológica tiene un plazo de tres meses para presentarlo al grupo de coordinación eléctrico europeo, y Entso-e (red europea de gestores de sistemas eléctricos), por su parte, tiene que presentar un informe en seis meses. «Se está reconstruyendo el evento con una precisión técnica suficiente», señaló Fernández, que justificó el dilatado plazo y emplazó hasta septiembre de 2026 para el documento definitivo final que se remitirá a todas las partes implicadas.
Cani Fernández hizo ayer una firme defensa a los trabajos técnicos del análisis de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. Un proceso duramente criticado por haber dejado fuera las alegaciones de un nutrido grupo de grandes organizaciones empresariales, como la patronal catalana Foment del Treball, o sindicatos, como UGT, que recurrió ante la Audiencia Nacional la decisión del organismo. También por el cuestionamiento que para algunas partes implicadas en el proceso ha supuesto la consulta pública lanzada por el Gobierno para recabar el sentir de la sociedad.