La abogada de la UE respalda la histórica multa a Google

Google ha recibido ayer un nuevo mazazo judicial, en uno de los litigios más importantes que tiene abiertos contra la Comisión Europea. La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha respaldado la multa de 4.125 millones impuesta por Bruselas al gigante tecnológico, la mayor sanción de esta institución a una compañía. La jurista ha pedido al alto tribunal con sede en Luxemburgo que desestime el recurso de la empresa con sede en Silicon Valley a la que el Ejecutivo europeo señaló por cometer «un abuso de su posición dominante».

Aunque la opinión de la abogada general no es vinculante, sí que suele guiar las decisiones del TJUE, que emitirá una sentencia sobre este caso en los próximos meses. En sus conclusiones, la jurista apunta que la apreciación de los hechos llevada a cabo por el Tribunal General "no puede ser impugnada ante el TJUE" y que los argumentos jurídicos invocados por Google "son inoperantes". A su juicio, los magistrados se basaron acertadamente en la premisa de que existía "una infracción única y continuada" y que no se equivocaron al recalcular la multa, inicialmente de 4.343 millones de euros, hasta los 4.125 millones actuales.

Por su parte, un portavoz de la compañía se ha mostrado "decepcionada" por el dictamen, que si fuera seguido por el TJUE "desalentaría la inversión en plataformas abiertas y perjudicaría a los usuarios, socios y desarrolladores de aplicaciones de Android". Ha destacado, igualmente que "Android ha creado más opciones para todos y da soporte a miles de empresas de éxito en Europa y en todo el mundo".

Infracción "única y continuada" El caso se remonta a julio de 2018, cuando el Ejecutivo comunitario impuso a Google una sanción de 4.343 millones de euros al considerar que la empresa había abusado de su posición dominante al imponer a los fabricantes de dispositivos móviles y los operadores restricciones contrarias a la competencia. La Comisión aseguraba que Google obligaba a los fabricantes a preinstalar sus aplicaciones para así obtener una licencia para 'Play Store'.

Estos fabricantes debían comprometerse a no vender dispositivos equipados con versiones del sistema operativo Android no aprobadas por Google. En su investigación, Bruselas concluyó que la compañía buscaba "proteger y reforzar su posición dominante" en el mercado, una infracción "única y continuada" que sancionó con la mayor multa que ha impuesto nunca el Ejecutivo comunitario. Esta decisión fue después impugnada por Google ante el Tribunal General, que también respaldó la multa, a la espera de la sentencia final de la máxima instancia, el TJUE.