El impuesto de los vehículos de tracción mecánica depende de la decisión municipal
Los paraísos fiscales para los coches eléctricos están en las zonas rurales
Las ventajas hace que existan municipios con 30 veces más coches matriculados que habitantes
Punto de recarga de un coche eléctrico.
A 110 kilómetros de Madrid, un pequeño municipio de apenas 17 kilómetros cuadrados y solo 26 conductores registrados, acumula 1.015 coches con etiqueta cero. Sí, 39 coches eléctricos por persona. No es un error ni una moda coleccionista: es un paraíso fiscal verde. En La Hiruela no se habla de zonas de bajas emisiones ni de restricciones a los coches contaminantes. Tampoco hay problemas de aparcamiento, sino una laguna legal que ha convertido este rincón de la sierra madrileña en un imán para los coches eléctricos que no viven allí. Y no es el único: lo mismo ocurre en Las Rozas de Puerto Real, Patones o Colmenar del Arroyo. La respuesta a este desbarajuste estadístico radica en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, conocido entre la población general como el «numerito». Esta tasa, impuesta en 1988, es de carácter municipal y llena las arcas locales de todo el país con cerca de 4.000 millones de euros. En unos deja más cantidad y en otros, menos; todo depende de la presión fiscal que quieran ejercer los regidores sobre sus ciudadanos, aunque no siempre sean personas físicas.
Distintas horquillas
La horquilla para un automóvil tipo medio de 11,99 caballos de potencia fiscal —según los Automovilistas Europeos Asociados (AEA)— va desde los 34,08 euros de Santa Cruz de Tenerife hasta los 87,93 de San Sebastián: un 158% de diferencia entre dos capitales de provincia. La normativa solo establece unas bases mínimas, dejando margen para que los consistorios puedan incrementar dichas cuotas, pudiendo llegar a cobrar hasta el doble de la tarifa mínima, como ocurre en 12 de las 52 capitales de provincia españolas.
La cuantía total depende de la potencia del vehículo (caballos), en el caso de los turismos; y de la cilindrada, en el caso de las motos; además del peso, el número de asientos y otras características de los vehículos. A ello se suman exenciones fiscales para atraer coches fantasma a los pueblos. Así, se pagan tres euros anuales en Las Rozas de Puerto Real y poco más de diez euros en Patones, dos enclaves que se han convertido en los garajes favoritos de las empresas de ‘renting’.
Ahorros millonarios
De hecho, tal y como indica Automovilistas Europeos Asociados, se registraron 255.000 matriculaciones de coches de renting en el año 2022 en España. último dato. De ellas, 170.000 (el 67%) se dieron de alta en nueve pequeñas localidades que, si se suman sus habitantes, apenas llegarían a los 40.000 vecinos. Cifras llamativas que se explican únicamente por motivos tributarios, convirtiendo a estos pueblos en una suerte de paraísos fiscales para los coches, sobre todo, para las empresas.