Fedea alerta de que las autonomías abonarán 12.000 millones en 3 años

Las comunidades autónomas pagarán en intereses de su deuda pública alrededor de 12.000 millones de euros en 2028 si emiten nuevos recursos para financiar tanto los vencimientos de la que actualmente está en circulación como el déficit previsto hasta entonces. Esta proyección de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) supone multiplicar por tres la cuantía que abonaron en 2022 por este concepto (3.608 millones) sobre los 11.789 millones que estimados en tres años. Estas estimaciones están basadas en previsiones de la AIRef y en datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el Banco de España y el Tesoro y «pueden considerarse conservadoras respecto al escenario actual», detalla el texto pese a tomar como referencia las previsiones del crecimiento del PIB nominal superior al 4% en una estimación que califican de «optimista» y el cumplimiento estricto por parte de todas las comunidades de los objetivos déficit. En cualquier caso, la fundación no asume en sus simulaciones que se vaya a producir ninguna condonación de deuda pública autonómica en poder del Estado. Los factores que guían este cambio, según la fundación son dos: el importante aumento de los tipos de interés al que se enfrentan las haciendas autonómicas respecto al periodo 2015-2021, cuyo nivel prevé que se mantendrá constante en los próximos años, y el elevado volumen de deuda. La ministra de Hacienda anunció en febrero que el Estado condonará un total de 83.252 millones de euros de deuda autonómica de la que se beneficiarán todas las comunidades del régimen, independientemente de si tienen deuda con el FLA u otros mecanismos de financiación extraordinaria. Aunque se esperaba su aprobación para finales de 2025, es probable que se retrase hasta principios de 2026 debido a la falta de consenso político. El informe sitúa a Cataluña como la región más penalizada por esta tendencia. Fedea pone el foco en una serie de implicaciones de política económica «de gran relevancia». La primera es que, bajo los supuestos establecidos (déficits moderados y un crecimiento del PIB superior al 4%), la ratio de deuda pública sobre PIB se reduciría hasta el 19% en 2028.

Redirigir recursos

Sin embargo, los gastos por intereses más que se triplicarían en tan sólo 6 años. «Esta situación obligaría a redirigir recursos crecientes desde otras políticas públicas hacia el pago del servicio de la deuda». La segunda consecuencia es «las comunidades deben calibrar con mucha prudencia todas las políticas fiscales expansivas que ahora y en los años venideros pueden estar contemplando». Fedea advierte de que estas admnistraciones han de ser conscientes de que embarcarse en reducciones significativas de impuestos y/o proyectos de gasto de dudosa rentabilidad social, «dañaría claramente la sostenibilidad de las finanzas públicas».