Las comunidades díscolas del PP se quedarán sin las ayudas al alquiler

El Gobierno lanza un órdago a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que quieran acceder a las ayudas propuestas en el nuevo plan estatal de vivienda 2026-2030, que incluyen los 30.000 euros para incentivar el alquiler con derecho a compra de vivienda protegida anunciados el pasado lunes por el presidente Pedro Sánchez. La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, confirmó ayer que solo las comunidades que se sumen al plan, enfocado en blindar el parque público, podrán acceder a los incentivos. «Blindar el parque público de vivienda es una medida que no tiene coste para las administraciones, sí muchos beneficios y aúna un gran consenso social", defendió Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde presentó esta estrategia, que espera tener aprobada a finales de diciembre. El objetivo de la ayuda de 30.000 euros es que los menores de 35 años puedan residir en una casa con protección permanente. Es decir, que si el beneficiario de la ayuda quiere venderla en el futuro tendrá que hacerlo a un precio tasado y a una persona que cumpla sus mismos requisitos. El Gobierno sabe que aunque las competencias en materia de vivienda es de las comunidades, tiene en su mano la financiación que ahora se triplicará hasta los 7.000 millones de euros, frente a los 2.300 millones del anterior plan 2022-2025. La idea es alcanzar un pacto de Estado para que las regiones financien el 40% de los fondos, en virtud del reparto competencial establecido en la Constitución. «Necesitamos muchos recursos para hacer las casas que requiere nuestro país", indicó Rodríguez, recordando que el déficit habitacional ha pasado estos años de 600.000 viviendas a una horquilla de entre 400.000 y 450.000, según el último informe del BE. En todo caso, y según datos del propio Ministerio, la construcción de vivienda protegida aún es muy limitada, tras años en los que desaparecieron de este mercado 2,5 millones de hogares protegidos (que se vendieron en el mercado libre). Y pese al repunte de la construcción experimentado en 2024 en esta categoría —de más de un 60% respecto al año anterior— , las licitadas para el alquiler asequible apenas tienen peso sobre el total. Según las medidas planteadas a las comunidades, un 40% de la inversión prevista iría destinado a incrementar la oferta pública de vivienda.