Economía cambia la definición de pyme para aliviar la carga burocrática de estas empresas
Se estima que 5.813 pequeñas compañías se beneficiarán de la medida aprobada el martes en el Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros aprobó ayer un anteproyecto de ley que permitirá a unas 5.813 pymes reducir la costosa carga burocrática que supone rendir cuentas con su información financiera. En concreto, la norma eleva los umbrales de facturación y activos a partir de los que una empresa puede considerarse pequeña, mediana o grande, con lo que habrá más compañías de menor tamaño que puedan acceder al régimen simplificado de información.
Así, cuando entre en vigor la norma se considerará pequeña empresa aquella que disponga de un balance total de hasta 7,5 millones y un volumen de negocio neto de hasta 15 millones, frente a los 4 y 8 millones, respectivamente, de la anterior.
El criterio de número de empleados, establecido en 50 personas, se mantiene invariable. Para las empresas medianas, el activo máximo pasa de 20 millones a 25, mientras que el de facturación de 40 a 50 millones de euros, con un número de empleados que se mantiene en 250 personas para formar parte de esta categoría. Por último, todas las empresas que superen los anteriores límites serán consideradas grandes.
Otra de las novedades que introduce el texto es el incremento del 25% en los umbrales que determinan qué sociedades están obligadas a presentar auditorías, una cifra que no se modificaba desde 2013. En términos de facturación, ese umbral pasa de 5,7 a 7,125 millones de euros, mientras que bajo los criterios de activos sube de 2,85 a 3,565 millones. Toda empresa que se pase de esos niveles —y también de los 50 trabajadores— tendrá la obligación de auditarse. La estimación del Ministerio de Economía es que unas 4.300 empresas ya no tendrán que hacerlo.
«Estas modificaciones permitirán que menos empresas enfrenten obligaciones complejas y costosas, facilitando redirigir esos recursos en inversión, digitalización o empleo, y reforzando su competitividad», indican desde la cartera dirigida por Carlos Cuerpo.
La idea es acabar con el exceso de papeleo que, según llevan años criticando desde el sector, supone un serio obstáculo para el crecimiento, además de disparar los costes ydesincentivar la inversión.