España tiene más de 4,2 millones en contratos públicos con Huawei
Los tentáculos del chino se extienden por toda la administración del Estado
Imagen de un evento en Madrid de la empresa china.
Los ‘routers’ que conectan las sedes gubernamentales, los nodos que mantienen en marcha la señal ferroviaria, los sistemas de almacenamiento que guardan los contenidos de los medios públicos o los datos de la Seguridad Social, las plataformas que gestionan redes provinciales y municipales.... Huawei está ahí, en todas. La Administración española depende de la tecnología del gigante chino desde hace más de una década. Ahora, Bruselas quiere vetar su acceso a los contratos públicos en infraestructuras críticas. Una orden que puede sonar lejana en la capital europea, pero que en Madrid se traduce en una pregunta incómoda: ¿Y si España no puede prescindir de Huawei tan rápido como le exigen? La firma china, gracias a su bajo coste, fue socio clave en el despliegue de las redes de telecomunicaciones y en el salto al 5G. Ese año la Administración Trump acusó a Huawei de espiar para Pekín. «Sin pruebas hasta la fecha», defiende la empresa. Europa recomendó precaución, pero España no ha elaborado aún la lista negra de proveedores de alto riesgo que exige Bruselas. Y mientras en el plano político se intensifican los recelos, en el operativo todo sigue igual. El contrato para ampliar RedIRIS —la red que conecta a más de 500 instituciones públicas— incluía equipamiento Huawei.
Valorada en unos 10 millones de euros, la licitación se anunció, se adjudicó y, tras una reacción política, se anunció su cancelación. Cuatro meses después, el desistimiento se formalizó no por estrategia, sino por falta de presupuesto. Las administraciones españolas han adjudicado y formalizado contratos valorados en más de 4,2 millones de euros con equipamiento Huawei desde 2019, según los datos de contratación pública analizados por este periódico. La mayoría corresponden a redes y sistemas de almacenamiento. Y están repartidos por toda la Administración: Estado, comunidades autónomas, Seguridad Social, diputaciones, ayuntamientos y universidades públicas.
Entre los dispositivos más comunes figuran los Huawei OceanStor, unas cabinas de almacenamiento que guardan datos públicos. La compañía china afirma que estos sistemas son meramente ‘almacén’ y que no accede al contenido de los datos. Sin embargo, Estados Unidos ha expresado formalmente sus preocupaciones e instado a España a reconsiderar su uso. Son sistemas de propiedad intelectual cerrada y soporte centralizado. Eso crea dependencia y dificulta su sustitución si finalmente se impone el veto. Presencia total Huawei sostiene que cumple todas las leyes europeas y españolas y que su tecnología es segura, auditada y no tiene acceso a los datos que gestionan sus equipos. A la vez, organismos estatales, regionales y locales siguen adjudicando nodos de comunicación para el transporte público, plataformas de gestión de redes y equipos para hospitales, universidades o centros de datos públicos.
En la mayoría de los contratos, Huawei no aparece como adjudicataria directa. Su tecnología llega a través de integradores que suministran y mantienen el equipamiento. Adif instala nodos ferroviarios con tecnología Huawei; la Seguridad Social contrata el soporte de su infraestructura de comunicaciones; Andalucía integra sus servidores en sistemas digitales; y Navarra, la Diputación de Toledo o Sabadell recurren a estos equipos para gestionar servicios municipales. Sustituirlos implicaría reconfigurar redes que funcionan diariamente. Sacar a Huawei de la Administración española significaría años de transición y un coste millonario. Bruselas habla de soberanía tecnológica; Madrid mira la factura. Y cada nueva compra pública hace la salida más difícil. Según estimaciones del sector citadas por Expansión, sacar a Huawei solo de las redes de telecomunicaciones supondría alrededor de 4.000 millones de euros.