Telefónica quiere comprar Vodafone en plena oleada de despidos masivos

Telefónica ha comenzado el proceso de despido colectivo hace apenas unos días con el foco puesto en un competidor directo como Vodafone. La operadora pretende deshacerse de varios miles de trabajadores este año (6.088 es su propuesta, pero las negociaciones sindicales reducirán esa cifra) para reducir su masa salarial. Es difícil calcular a priori cuánto ahorrará la compañía con este nuevo ERE, pero los datos del último proceso finalizado en 2024 es positivo: las indemnizaciones para despedir a los 3.400 empleados ascendieron a 1.300 millones (unos 380.000 euros por persona), pero la compañía asegura unos ahorros contables de 250 millones al año. Ahora la idea es seguir haciendo caja, el mismo objetivo que se pretende con las ventas de las filiales en Hispanoamérica que, pese a llevar planeadas desde hace años, ha sido con la llegada a la presidencia de Marc Murtra cuando se han consolidado. 

La operadora ha vendido sus filiales en Argentina (1.190 millones de euros), Perú (900.000 euros), Uruguay (389 millones), Ecuador (329 millones) y Colombia (368 millones). En conjunto, le ha supuesto unos ingresos extraordinarios de unos 2.250 millones. Solo quedan por firmar las ventas de Chile y México —ya encarriladas, según fuentes de la compañía— y la de Venezuela, donde encuentran más problemas para hacerlo por la situación política del país. También quedará en el portfolio de la operadora la filial de Brasil, pero de este mercado no planea salir por considerarlo estratégico, junto a España, Reino Unido y Alemania.

¿Para qué hay que hacer tanta caja? Para irse de compras. El sector de las telecomunicaciones está muy poco consolidado en Europa y este ha sido el mantra de Murtra desde que puso un pie en la operadora: «Consolidación, consolidación, consolidación».

Su visión es clara: en Estados Unidos y China hay tres o cuatro grandes operadoras y, gracias a eso, las escalas son mucho más favorables y las inversiones en nuevas tecnologías son más rentables. Pero la situación en Europa es un tanto caótica, más incluso en España. Nuestro país cuenta con tres grandes operadores (MasOrange, Telefónica y Vodafone), pero también Digi está ganando cada vez más cuota de mercado. Y en el sector minorista las «low cost» se llevan un trozo de pastel enorme sin tener que realizar las millonarias inversiones en redes 5G ni infraestructuras, denuncian.

Telefónica no desveló sus cartas en la presentación de su plan estratégico el pasado 4 de noviembre, pero todas las miradas están puestas en Vodafone. La filial de la operadora británica en España la compró el fondo Zegona hace un par de años y está en los pensamientos de Murtra desde hace tiempo. Las simples especulaciones sobre esta posible compra han provocado un terremoto en bolsa muy beneficioso para Zegona, que ha duplicado su valor en solo seis meses: de los 642 euros por acción en el mes de mayo a más de 1.300 euros.

Uno de los problemas que encontraría la fusión son las exigencias de Bruselas. En el caso de Orange y MásMóvil, la integración tardó más de dos años en aprobarse. Pero, más allá de los cerca de 15.000 millones que podría suponer para Telefónica comprar Vodafone a nivel contable (Zegona tiene un valor de mercado de 11.300 millones de euros, a lo que habría que sumar la asunción de su deuda y una prima por la compra), habría que sumar los costes de asesoría que conlleva querer fusionar un competidor directo por primera vez en su historia.

La migración de millones de líneas supone una «elevadísima factura en asesoría técnica», aseguran fuentes del sector, que también destacan los gastos en recursos humanos o cambios de marca para la integración de ambas operadoras. «MasOrange lo tendría mucho más fácil porque ha llevado a cabo varias integraciones de este tipo hasta llegar a la operadora que es hoy, pero Telefónica es nueva en esto», explican.

La 'cláusula Telefónica', una sanción por ERE para las grandes empresas

La 'cláusula Telefónica' en los ERE es una penalización económica que obliga a las grandes empresas a pagar los costes de desempleo de sus trabajadores de más de 50 años, en lugar de trasladarlos a la Seguridad Social, como ocurría históricamente. Se creó precisamente para compensar al Estado tras los despidos masivos que Telefónica realizó en 2011, y de ahí que recibiera este nombre. Afecta a empresas que superan ciertos umbrales de plantilla y porcentaje de trabajadores despedidos mayores de 50 años. En concreto, el origen de esta cláusula fue una respuesta del Estado hacia las prejubilaciones masivas que Telefónica llevó a cabo en 2011 (entre 2011 y 2018 la operadora echó a casi 13.000 personas), que supusieron un gasto considerable para la Seguridad Social. Se aplica a empresas a partir de 100 trabajadores o a grupos de empresas que sumen esta plantilla total y que realicen un despido colectivo pese a no tener pérdidas económicas . Además, el número de trabajadores mayores de 50 años despedidos en el ERE debe ser mayor que el de trabajadores mayores de 50 años en plantilla.

¿En qué cambia esta cláusula respecto a la situación anterior? Estas empresas deben asumir los costes de las prestaciones por desempleo y las cotizaciones a la Seguridad Social de los afectados hasta su jubilación, en lugar de que lo pague el Estado, como ocurría antes. El cálculo de la penalización es complejo y varía según el número de empleados afectados, el coste de las prestaciones y su porcentaje sobre la plantilla total. Es importante tener en cuenta que, aunque la cláusula se ideó pensando en Telefónica, es una disposición legal que se aplica a otras grandes empresas que cumplan los requisitos mencionados.