Diario de León

El Congreso debate una ley para bajar el IVA energético

El viento tumba el precio de la luz pero la factura subirá en 2026

El precio medio del mercado mayorista ha caído más de un 40% respecto al diciembre pasado

El sol se pone tras unos aerogeneradores durante el atardecer.

El sol se pone tras unos aerogeneradores durante el atardecer.carlos de sáa

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Agencias
Madrid

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Noviembre marcó un punto de inflexión en la generación eléctrica del sistema español en los últimos meses. La energía eólica produjo el mes pasado 6.949 GWh —un 67% más que en octubre— y fue la tecnología que más aportó al mix, con un 31,1% del total, según los datos de Red Eléctrica. La fuerte entrada de esta fuente de energía en las franjas de madrugada, en las horas solares y al anochecer logró desplazar al gas, que aportó un 18,4% tras dos meses consecutivos en los duplicó su peso en la generación alcanzando en octubre su nivel más alto desde el apagón. Así, el precio medio del mercado mayorista de electricidad se situó en 58,65 ?/MWh, el nivel más bajo para un mes de noviembre desde 2020, según los registros históricos que recopila el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), y un 44% por debajo del mismo periodo de 2024. Y diciembre, con datos hasta el día 8, sigue la misma tendencia en la estructura de generación y de precio. «Por el momento el viento sostiene la calma del 'pool' eléctrico, pero basta con que se apague para que el mercado vuelva a dispararse por encima de los 110 ?/MWh", advierten desde Tempos Energía. En el entorno de precios actual y a falta de pocas semanas para confirmar que 2025 será un ejercicio histórico en términos de generación renovable, la éolica se refuerza como la primera tecnología con 53.143 GWh acumulados hasta noviembre, seguida de la fotovoltaica (47.904 GWh) y la nuclear (47.008 GWh), que mantienen el pulso por la segunda posición. Lejos del abaratamiento que podrían suponer estas perspectivas en el bolsillo, la parte fija del recibo —que supone aproximadamente el 50% del precio final que pagan los usuarios junto al IVA— sí sufrirá incrementos sin contar los impuestos a partir de enero: un 4,1% en la parte de los peajes que corresponde fijar a la CNMC y una subida media de algo más del 10% en los cargos del sistema que dependen del Gobierno. En el primer caso, el impacto final en la factura que calcula la CNMC se situaría entre el 0,6% y el 2,8%, depende del tipo de consumo y punto de acceso. En cuanto a los cargos netos, el importe a financiar por parte de los usuarios el año que viene será un 15% superior al que se estableció para 2025.

El impacto final en la factura que calcula la CNMC se situaría entre el 0,6% y el 2,8%, depende del tipo de consumo y punto de acceso

Ayuda para explotaciones agrarias en crisis

El Pleno del Congreso debate este martes una proposición de ley del PP con la que plantea que, en caso de crisis, se aplique el tipo mínimo permitido del IVA a la energía y a las compras que realicen los productores para realizar las actividades agrícolas, ganaderas o forestales. Esta es una de las medidas más destacadas del documento legislativo que propone un conjunto de medidas fiscales destinadas a reducir los costes de producción en el sector primario, con el fin de asegurar su rentabilidad y futuro. En este escenario, los populares proponen reducir, de forma temporal, la cuantía del IVA que soportan todos los agentes del sistema y que impacta directamente en el precio de los alimentos, como la energía y los combustibles, o las materias primas e insumos necesarios para la actividad agraria que han registrado importantes «incrementos de precio» para los agricultores y ganaderos. Asimismo, el PP sugiere otorgar ayudas estatales 'mínimis' a las explotaciones en crisis, con el objetivo de homogeneizar los criterios de concesión en todo el país. Además, se plantea el desarrollo de un seguro de estabilización de ingresos en el marco del sistema de seguros agrarios combinados, para gestionar los riesgos asociados a la actividad agraria. Seguimiento de los mercados La propuesta incluye también un sistema de seguimiento integral de los mercados y condiciones comerciales, a cargo de los ministerios de Agricultura y Economía, en colaboración con las comunidades autónomas. Este sistema permitirá identificar amenazas, adoptar medidas correctoras y evaluar el impacto de los riesgos en el sector. Finalmente, se propone una revisión de los Planes Hidrológicos y de Sequía, y el desarrollo de estudios para facilitar el acceso de los agricultores al mercado de carbono, además de ajustar el tratamiento de los residuos vegetales para una economía circular, todo ello en el marco de la legislación medioambiental y agraria vigente.
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