El carácter voluble de Trump asusta a las petroleras en su plan para Venezuela
Los inversores son reticentes a su llamada debido a la personalidad del presidente. Hay además incertidumbre de lo que sucederá con el crudo caribeño cuando termine su mandato
Donald Trump durante una entrevista con el periodista Sean Hannity, ayer.
La demostración de poder petrolífero sobre los mercados energéticos globales que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trata de vender al mundo ha encontrado los primeros escollos de realidad en casa, donde la bonanza del crudo confiscado a Venezuela ha sido recibida por los grandes de la industria petrolera norteamericana con reticencia.
Mientras Trump afirmaba esta semana que Venezuela entregaría millones de barriles de petróleo a EE UU y las fuerzas especiales capturaban un petrolero ruso (sin crudo) en el Atlántico Norte, los grandes grupos del sector petrolero estadounidense advertían de que necesitarán «garantías serias» de Washington antes de realizar inversiones de importancia en Venezuela.
La desconexión con las realidades de la industria petrolera venezolana, plasmada en declaraciones del presidente de que podría estar «en funcionamiento» dentro de 18 meses, ha reavivado la aprensión del todopoderoso sector energético estadounidense sobre la errática formulación de políticas de la administración. «Nadie quiere entrar allí cuando un tuit al azar puede cambiar toda la política exterior del país», dijo un inversor de capital privado especializado en energía.
Además de los riesgos políticos, legales y financieros que los principales actores del sector energético ven en la inversión, el plan de Trump de utilizar las reservas de petróleo de Venezuela para reducir los precios del petróleo a 50 dólares el barril, no plantea un incentivo para la industria.
Incluso el secretario de Energía, Chris Wright, que ha sido el encargado de transmitir a la industria el mensaje de Trump de invertir miles de millones de dólares en la maltrecha industria energética de Venezuela, reconoció los recelos del sector. En declaraciones en la conferencia de la banca de inversión Goldman Sachs esta semana en Miami, Wright señaló que los gigantes petroleros estadounidenses no iban a «invertir miles de millones de dólares en la construcción de nueva infraestructura en Venezuela la semana próxima».
En las reuniones de Miami los grandes del sector han pedido garantías legales y financieras sólidas antes de aceptar comprometer capital para Venezuela, mientras los funcionarios del Gobierno trataban de asegurar a la industria que la administración abriría la puerta a las corporaciones estadounidenses en Venezuela y comenzaría a revertir algunas de las sanciones que han obstaculizado la economía del país.
Aun así, Eimear Bonner jefa de finanzas de Chevron, la única empresa estadounidense que posee una licencia para exportar crudo venezolano, se mostró cautelosa y no ofreció ninguna indicación de que existan planes de expansión a corto plazo en el país. Por ahora, todo lo que Chevron busca es modificar su acuerdo con el Departamento del Tesoro para vender más petróleo del país Por ello, Trump ha empezado esta semana a flotar la idea de ofrecer subsidios públicos a la industria para cubrir la alta factura de la inversión, señalando que las compañías petroleras estadounidenses podrían ser «reembolsadas por nosotros o mediante ingresos» si invirtieran en Venezuela. El presidente espera vender la iniciativa este viernes en una reunión en la Casa Blanca, en la que los altos ejecutivos de Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips, entre otros, confían en educar a Trump en los pormenores del negocio de la extracción.
El crudo de Venezuela, que posee las mayores reservas de petróleo del mundo (17% del total), es esencial en la producción de diésel, asfalto y combustibles para equipos pesados, productos que escasean a nivel mundial debido a las sanciones impuestas tanto a Venezuela como a Rusia. Una producción que el crudo ligero estadounidense no puede reemplazar. Además, la envejecida infraestructura petrolera del país, tras años de sanciones, mala gestión y falta de financiación y acceso al capital internacional, requiere una considerable inversión previa para hacer viable una producción consistente.
Michael Haigh, director de investigación de materias primas del grupo financiero Société Générale, señala en el periódico Financial Times que el coste de la recuperación se calcula en unos 110.000 millones de dólares durante una década (20.000 millones de dólares al año), mientras que una reforma y expansión integrales costarían entre 180.000 y 200.000 millones. Una cifra que supone casi la mitad del gasto total de capital de las grandes petroleras estadounidenses de los próximos cinco años, unos 413.000 millones.
Las compañías petroleras estadounidenses buscan garantías legales que les protejan más allá del mandato de Donald Trump, así como «el marco legal que adoptarían estos nuevos contratos, teniendo en cuenta el hecho de que se han quemado tantas veces antes», señaló un importante inversor de capital privado. «A falta de algo así, ningún inversor, ninguna empresa pública que tenga accionistas puede poner su capital a trabajar en un país que no tiene leyes reales, no obtiene ganancias y confisca activos».