El año de Murtra: despidos y un mercado en contra

Viernes, 17 de enero de 2025. 17:00 horas, Palacio de la Moncloa. Al complejo presidencial llega José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica. Horas más tarde abandona el lugar como llegó, en coche, pero ya como expresidente de la principal compañía de telecomunicaciones del país. Allí mismo —esa mañana— se tomó la decisión. Los principales accionistas —Criteria (10%) y el grupo saudí STC (10%)— aceptaron la propuesta del Gobierno, también con una participación relevante en la compañía, para abrir una nueva etapa en la cotizada. El encargado de pilotar el nuevo rumbo sería Marc Murtra, próximo a los socialistas catalanes y entonces presidente de Indra. Al día siguiente, los rumores se confirmaron. Se consumaba así el relevo. Más allá del cambio de nombres, el movimiento supuso un giro importante en la gobernanza de Telefónica. El Estado no solo reforzaba su peso accionarial, sino que pasaba a influir de forma directa en la gestión de una empresa estratégica, en un contexto marcado por la entrada de los saudíes y el debate europeo sobre el manejo de infraestructuras críticas. La operación se justificó como un movimiento defensivo frente a STC, pero en la práctica sirvió para blindar el control de un activo estratégico y ganar margen para decisiones —ajustes, repliegue y consolidación— que difícilmente podrían abordarse sin respaldo político. 365 días después, Telefónica ha cambiado de gestor, de objetivos y de manual de instrucciones. La revolución de Murtra no se ha limitado al relevo de nombres en los puestos de dirección de la compañía —algo habitual en la llegada de nuevos directivos-, sino que ha alcanzado al perímetro y a la estrategia, condensada en el plan ‘Transform & Grow’. Una hoja de ruta hacia la Telefónica de 2030, marcada por hitos «difíciles» y decisiones impopulares que han redefinido el grupo. Ese giro ha tenido un coste visible y cuantificable. En un ejercicio récord para el Ibex 35, la acción de Telefónica se ha dejado cerca de un 12%, cerrando el año en rojo y muy por debajo del selectivo. El castigo refleja las dudas del mercado ante un plan aún en ejecución, un perímetro incompleto y una estrategia condicionada por factores regulatorios y políticos. A ello se suman el recorte del dividendo a la mitad y unas pérdidas cercanas a los 5.000 millones de euros, que han acentuado la desconfianza de los inversores. La Bolsa suele premiar los ajustes cuando anticipan crecimiento y aquí el mercado solo ha visto el ajuste. La comparación con su etapa anterior es inevitable: en Indra Murtra logró triplicar la cotización; en Telefónica, de momento, no, y el mercado descuenta un escenario mucho más complejo. Las previsiones financieras, los cambios en la dirección y las salidas de personal han limitado el atractivo de la compañía, que busca ahora una estrategia centrada en reforzar la rentabilidad, el flujo de caja a medio y largo plazo, y convertir a Telefónica en una «operadora europea de referencia mundial». Así lo plasma Murtra en su bitácora de viaje, que rompe con los nueve años de Álvarez-Pallete. Uno de los pilares de ese giro ha sido el repliegue en Latinoamérica. Durante su primer año, el grupo cerró las ventas de sus filiales en Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador, mercados que habían generado importantes quebraderos de cabeza en los últimos ejercicios, y avanzó en la salida de Colombia. La transición se ejecutó sin grandes anuncios, salvo el ajuste de marzo. Murtra apostó primero por perfiles de la casa, con Emilio Gayo como número dos tras más de dos décadas en la compañía, y después recompuso el comité con directivos de confianza, algunos procedentes de Indra, reforzando áreas clave como España, tecnología y estrategia. A este proceso se sumaron intervenciones ‘quirúrgicas’ en la cúpula financiera y en el consejo de administración. A finales de 2025, Laura Abasolo, histórica directora financiera y uno de los principales apoyos de Álvarez-Pallete, salió de la compañía tras más de 26 años, siendo relevada por Juan Azcue. Al mismo tiempo, Murtra reforzó el núcleo duro del comité con la entrada de Ernesto Gardelliano y Javier de Paz, mientras el consejo se reconfiguraba con el nombramiento de Carlos Ocaña (Sepi) como vicepresidente y la incorporación de perfiles de marcado peso político en el nuevo equilibrio de poder, entre ellos Andoni Ortuzar. Una remodelación que certificó la toma de control del grupo. El ajuste fue más allá de la cúpula. A las salidas en la dirección se sumó un ERE de 4.539 trabajadores, uno de los mayores de la historia de la compañía y de España, pactado en las últimas semanas del año.