Las empresas todavía podrán sortear con pluses la nueva subida del SMI
La prometida reforma para actualizar las reglas de compensación tiene un largo recorrido
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.
El Consejo de Ministros aprobó este martes la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.221 euros por catorce pagas, un total de 17.094 euros brutos al año que, además, estarán exentos de tributación, puesto que el Gobierno también ha actualizado las tablas de IRPF para permitir mantener la deducción plena a las rentas más bajas. De esta forma, cerca de 2,5 millones de trabajadores —según datos del Ministerio de Trabajo— se beneficiarán, con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero, de esta nueva alza que implicará 37 euros más al mes en la nómina, 518 euros al año. Sin embargo, las empresas podrán seguir sorteando, al menos por el momento, este aumento a través de los pluses salariales, puesto que la prometida reforma para actualizar las reglas de absorción y compensación de los complementos tiene aún un largo recorrido por delante antes de ver la luz y, además, en el caso de que se haga realidad, se vislumbra una batalla legal para tumbarla. Significa esto que aquellos trabajadores que cobren el salario mínimo pero tengan ciertos complementos para premiar, por ejemplo, su disponibilidad, su antigüedad o su exposición a actividades tóxicas o peligrosas puede que no perciban el incremento de este año debido a que el empresario les rebaja o anula ese plus para no hacer efectiva la nueva subida de 37 euros.
Es una fórmula legal y habitual jugar con estos pluses para neutralizar el alza, pero el Gobierno ha pactado con los sindicatos eliminarla. «Vamos a corregir un elemento muy importante: la compensación y absorción de los pluses para que el impacto sea real y no con fraudes contables», prometió este martes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Los sindicatos dieron la semana pasada un ultimátum al Gobierno: o en el real decreto de subida se incluía el compromiso de prohibir estas prácticas, o no había acuerdo. Por eso, la promesa que ya se había hecho en los dos años anteriores se ha plasmado esta vez por escrito para «excluir de las reglas de absorción y compensación los complementos que devenguen por las condiciones en que se preste la actividad; por la residencia; los ligados a características intrínsecas de la persona trabajadora; los de cantidad o calidad del trabajo o aquellos cuyo carácter no compensable esté previsto en los convenios colectivos aplicables», según recoge el texto del acuerdo que incluso firmó el pasado lunes el propio presidente Pedro Sánchez.
Complementos
Pero esta medida irá en un real decreto independiente y mucho más complejo al aprobado ayer, que requerirá de mucho más tiempo para tramitarse —tal y como explicaron a este periódico fuentes gubernamentales y del diálogo social-, pero del que ya se conocen las líneas básicas, puesto que ya se han dejado perfilados los tipos de complementos que pretenden blindar (como, previsiblemente, peligrosidad, antigüedad, residencia o disponibilidad).
Y así lo recalcó también Díaz: «Hay trabajadores que perciben un plus de toxicidad o de peligrosidad que, de pronto, como les suben el SMI, el empresario les anula ese plus. Esto se ha acabado en nuestro país». Pero el Gobierno deberá cuidar al máximo y medir cada palabra del documento que los juristas mirarán con lupa, puesto que la CEOE ya ha avisado de que lo recurrirá en los tribunales, convencidos de que el vehículo que utilizará el Ejecutivo para sacarlo adelante sorteando al Congreso, a través de un reglamento, no es legal ni constitucional, puesto que debería hacerse a través de una ley que reciba el aval del Parlamento. Una vez redactado el texto final, deberá ser sacado a consulta pública, superar el filtro del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.