Un millón de interinos con plaza fija podrán pedir indemnizaciones
Las primeras sentencias abren la veda a una avalancha de reclamaciones a las administraciones. Cerca de 50.000 empleados tienen ya sus casos judicializados
Una mujer sostiene una pancarta donde se lee "¡Basta!", en una manifestación de trabajadores interinos.
Seis días de diferencia separan dos sentencias históricas para los interinos en el sector público. Una fechada el 14 de abril en Badajoz, la otra el 20 del mismo mes pero en Vigo. A estas se suma una tercera, dictada por el juzgado de lo Social número 1 de Eibar. Las tres reconocen algo que hasta ahora parecía imposible: los trabajadores temporales de la Administración que habían superado un proceso de estabilización y obtenido plaza fija tienen derecho a una indemnización. Pero hay un requisito: haber sufrido el abuso durante al menos tres años.
El detonante es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 14 de abril, que ha sacudido los cimientos del empleo público en España. Casi un millón de trabajadores temporales podrían estar legitimados para reclamar. Y los expertos avisan: esto no ha hecho más que empezar. El Juzgado de lo Social de Badajoz reconoció una indemnización de 16.080 euros a un empleado público que llevaba trabajando desde 2008 y que, tras obtener plaza fija en un proceso selectivo, vio cómo la Junta de Extremadura se negaba a indemnizarle. La jueza no lo vio así: la plaza fija pone fin a la precariedad futura, pero no borra el abuso ya consumado.
Sólo seis días después, la magistrada Rey condenó al Csic a pagar 52.104 euros más intereses a una investigadora con antigüedad desde 2008, reconocida como indefinida no fija en 2010 y que en junio de 2025 había conseguido plaza fija. Ni esa figura jurídica, ni la plaza obtenida en estabilización, ni los méritos acumulados fueron considerados reparación suficiente. Especialmente llamativo resulta que la trabajadora firmó el contrato de fija bajo protesta explícita. La sentencia establece además que la indemnización tiene en cuenta no solo los años trabajados, sino también las ventajas económicas que habría podido obtener de no haber existido el abuso.
Sólo es el principio
Santiago Nandín, del despacho Vento Abogados, que llevó el caso, avisa de que esto es solo el principio: «Habrá una cascada de sentencias de casuística muy variada».
El patrón se repite en País Vasco, donde el juzgado de Eibar condenó al Servicio Vasco de Empleo a pagar 45.938 y 39.401 euros respectivamente a dos trabajadoras. Pendientes del Supremo Las tres sentencias se apoyan en el fallo europeo del 14 de abril, que responde a una cuestión prejudicial del Tribunal Supremo. La resolución es contundente: ninguna de las fórmulas aplicadas en España cumple con el Derecho comunitario. Ni el indefinido no fijo, ni las indemnizaciones tasadas de la Ley 20/2021, ni los procesos de estabilización. Para el abogado Javier Arauz de Robles, la sentencia europea «es un embudo que reconduce a la fijeza como única solución posible», con indemnizaciones sin límite como única alternativa.
Precisamente la eliminación del tope es una de las consecuencias más relevantes. La jueza de Eibar suprimió el límite de 12 mensualidades por considerarlo insuficiente según el TJUE.
El impacto económico para las administraciones podría ser extraordinario. La clave ahora está en el Supremo, que tiene pendientes más de 200 recursos de casación. Su pronunciamiento, previsto en un mes y medio, vinculará a todos los tribunales españoles y habilitará a reclamar a quienes no hayan superado el plazo de prescripción de cinco años.
De momento, cerca de 50.000 interinos tienen ya sus casos judicializados.