La cara oculta de la IA de Meta: "Ganaba menos de 250 euros al mes por entrenarla"

Las 20:34 horas del 22 de abril en Nairobi. «Meta se retiró y nos quedamos sin trabajo. ¿No te parece gracioso?». El mensaje llegó por LinkedIn. Lo enviaba Kamau —nombre ficticio para proteger su anonimato-, uno de los 1.108 trabajadores kenianos despedidos tras el cierre de un contrato millonario entre Meta y Sama, la empresa que los empleaba en Nairobi. Hasta esa mañana Kamau formaba parte de una cadena global que casi nunca aparece en los discursos sobre inteligencia artificial (IA): la de los trabajadores que preparan, limpian y revisan los datos con los que se entrenan los sistemas automatizados. Etiquetaba imágenes, revisaba vídeos, anotaba texto y audio, e identificaba objetos siguiendo instrucciones estrictas. Datos privados. Escenas cotidianas, a veces íntimas.

La crisis estalló después de que los medios suecos Svenska Dagbladet y Göteborgs-Posten publicaran testimonios de trabajadores sobre vídeos captados por las gafas Ray-Ban Meta en espacios privados —incluidos baños y momentos íntimos— y revisados por empleados de Sama. Kamau confirma que en el proyecto se procesaban contenidos de ese tipo, aunque matiza: «Se ha exagerado».

El caso expone una de las zonas menos visibles de la economía de la IA: grandes tecnológicas que externalizan tareas sensibles a proveedores en mercados laborales más baratos y frágiles, proveedores que dependen de contratos concentrados y trabajadores que, cuando el cliente se retira, pierden de golpe el empleo que sostenía su vida. Sama, con sede en Nairobi, está especializada en servicios de anotación, moderación y entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial. Allí trabajaban los equipos encargados de revisar, clasificar y validar datos antes de entregarlos a Meta. El cierre empezó a gestarse meses antes.

«Se nos informó de que, a partir de 2026, los contratos pasarían de ser anuales a acuerdos de uno o dos meses», cuenta Kamau. Desde enero una oleada de no renovaciones alimentó la frustración entre los empleados y mostró hasta qué punto sus puestos dependían de una sola relación comercial. Según su relato, «uno o más antiguos trabajadores» habrían revelado información confidencial sobre el proyecto a terceros, incluidos varios medios de comunicación internacionales. La publicación de esos testimonios llegó hasta la propia Meta.

La compañía suspendió el trabajo y, finalmente, rescindió el contrato alegando que Sama «no cumplía con sus estándares». Para los trabajadores, la decisión fue inmediata: «El cliente se había retirado por completo, lo que provocó el cierre del proyecto y la pérdida de todos nuestros puestos», resume Kamau. Un contrato vital Lo cierto es que para Meta era un contrato menos, pero para Kamau era la diferencia entre una vida precaria y otra apenas estable. Su salario en Sama era de 32.154 chelines kenianos más un bono de 2.173 por proyectos especiales —algo menos de 250 euros en total-. Tras impuestos —dice— le quedaba «casi nada para cubrir todas las necesidades». Pero aun así suponía un salto respecto a su empleo anterior: antes de entrar en la empresa trabajaba como guardia de seguridad por unos 7.000 chelines al mes, alrededor de 50 euros, insuficiente para vivir.

Llegar a Sama -dice- fue un punto de inflexión: "Pude alcanzar la independencia financiera, mudarme a mi propio hogar y mejorar mis condiciones de vida". 

Antes había pasado años desempleado pese a tener buen expediente académico y tuvo que abandonar sus estudios de Ciencias de Laboratorio Médico por falta de dinero. Con el cierre del proyecto, esa estabilidad vuelve a quedar en suspenso. Muchos de sus compañeros -cuenta- están regresando a casa de sus padres. 

El impacto no se limitó a quienes trabajaban directamente en el proyecto de las gafas para dicha red social. Marya Siwa llevaba nueve años en Sama. El 22 de abril fue también su último día. "Soy madre soltera de dos hijos y estoy devastada. No sé por dónde empezar de nuevo", lamenta. 

Su función era distinta a las de otros: trabajaba como analista de calidad, supervisando y validando los datos antes de su entrega al cliente. "Aprobaba o rechazaba el trabajo de otros empleados antes de enviarlo. Era el puente entre los anotadores y el cliente". 

Ella aclara que no participó en el proyecto de las gafas inteligentes, pero la caída del contrato la arrastró igualmente. En su caso, los contratos se habían ido acortando de forma progresiva: de tres meses en enero a uno solo en abril. El anuncio llegó el lunes 16; el último día fue el 22. Seis días de preaviso tras casi una década de trabajo. La compensación pactada -el salario de abril más una gratificación equivalente a dos meses- no le parece suficiente. Ganaba unos 400 dólares mensuales. "He servido diligentemente a la empresa durante nueve años. No es suficiente", denuncia. Desde entonces busca empleo sin éxito. 

"En Kenia puedes estar cuatro años sin trabajo. No importan las cualificaciones ni la experiencia que tengas", lamenta. Sin una prestación por desempleo que amortigüe la caída, el despido la deja expuesta a lo que resume así: "Es la ley del más fuerte". 

Lo que describen Kamau y Marya no es una anomalía, sino una muestra de la fragilidad del mercado laboral keniano. Según estimaciones de la OIT recogidas por el Banco Mundial, el desempleo en Kenia rondaba el 5,4% en 2025, pero entre los jóvenes superaba el 15%. Las cifras, además, apenas capturan la precariedad cotidiana: buena parte del empleo se concentra en ocupaciones informales, con bajos ingresos, poca protección y escasas garantías.

En ese contexto, un puesto en una empresa como Sama -con contrato, seguro médico y salario fijo, por precario que fuera- podía marcar la diferencia entre la subsistencia y una cierta estabilidad. Perderlo no significaba necesariamente buscar algo mejor. Significaba, con frecuencia, volver a empezar desde cero.

 La polémica se concentra en el tipo de contenido que pudieron manejar algunos equipos y en la distancia entre el aviso técnico y el consentimiento real. Las gafas Ray-Ban Meta incorporan una luz que indica cuándo están grabando, pero eso no garantiza que todas las personas captadas entiendan que las imágenes pueden ser revisadas después por trabajadores externos. 

Meta recoge en sus políticas de privacidad que parte de los datos puede ser analizada por personas para mejorar sus servicios. La compañía sostiene que los datos se filtran previamente para proteger la privacidad -incluido el desenfoque de los rostros personales-, aunque las fuentes consultadas por los medios suecos señalaron que esos mecanismos no siempre funcionaban. Meta no respondió a las preguntas remitidas antes de la publicación.

Preocupación en Europa

El caso también llegó al Parlamento Europeo. El 4 de marzo de 2026, un grupo de eurodiputados registró una pregunta prioritaria a la Comisión Europea sobre los riesgos de privacidad y cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) asociados a las gafas inteligentes de Meta, así como a sus prácticas de entrenamiento de IA. 

Los firmantes citaban las investigaciones suecas, a la vez que reclamaban medidas para garantizar el cumplimiento de las normas europeas de protección de datos, en particular en materia de consentimiento y transferencias internacionales. En España, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) advierte de que "la imagen de una persona identificable es un dato personal" y de que las gafas inteligentes alteran "esa expectativa básica" de privacidad que sí existe con un teléfono móvil, porque permiten grabar manteniendo una apariencia normal. 

El organismo no afirma que estos dispositivos incumplan por sí mismos la normativa, pero advierte de que pueden facilitar grabaciones encubiertas, continuadas o indiscriminadas que "en la práctica pueden no realizarse lícitamente". Sama tampoco respondió a las preguntas concretas planteadas por este medio. En su lugar, remitió un comunicado fechado el 16 de abril en el que confirmó que Meta, "un cliente clave", había notificado el fin de un importante contrato en Nairobi, una decisión que afectaría a 1.108 empleados.

La empresa sostuvo que intentó mantener la relación con el cliente, sin éxito, y defendió que el proceso de despido colectivo se inició conforme a la legislación laboral keniana. También afirmó que sus equipos reciben "salarios dignos", cobertura médica completa, recursos de bienestar y apoyo psicológico presencial. El comunicado no menciona la filtración.

 Para quienes dependían de ese contrato, el debate sobre estándares, privacidad y responsabilidad corporativa llegó tarde. La IA que prometía automatizar el futuro seguía necesitando ojos humanos al otro lado del mundo. Sin embargo, cuando el contrato se rompió, esos ojos dejaron de ser necesarios.

 "Soy madre soltera de dos hijos y estoy devastada. No sé por dónde empezar de nuevo", dice Marya Siwa. Kamau lo resumió de otra manera, en el mensaje que envió aquella noche desde Nairobi: "Meta se retiró y nos quedamos sin trabajo. ¿No te parece gracioso?".