Trump pide desestimar el intento de España de impagar los laudos renovables
Trump habla con la prensa en el jardín sur de la Casa Blanca tras bajar del 'Marine One'.
El Gobierno de Donald Trump acaba de dar otro golpe a la estrategia judicial de España en el conflicto de los laudos renovables. El Solicitor General —la figura equivalente al Ejecutivo Federal ante el Tribunal Supremo de EE UU— ha presentado un documento de 28 páginas recomendando que no se admita a trámite el recurso español.
Desde su punto de vista, los argumentos de la Abogacía del Estado no son suficientes para que el Alto Tribunal intervenga. Y habitualmente, cuando esta instancia habla, el Supremo suele escuchar. El texto desmonta uno a uno los argumentos que España ha venido utilizando para no pagar.
El primero, la inmunidad soberana, no se acepta porque España firmó voluntariamente el Tratado de la Carta de la energía y aceptó sin condiciones sus mecanismos de arbitraje. El segundo, el que trata de las disputas entre países europeos en las que no debería intervenir la justicia estadounidense, tampoco prospera, ya que el Supremo se aferra expresamente a la Convención de Viena para recordar que ningún Estado puede escudarse en su legislación interna para incumplir compromisos internacionales. Y el tercero, trasladar los procedimientos a otros tribunales, queda igualmente descartado. Mientras tanto, el problema financiero para España no para de crecer. La deuda acumulada ya supera los 2.300 millones de euros, con más de 550 millones solo en intereses y costas por el retraso acumulado. Solo en suelo americano hay siete sentencias firmes que reconocen cerca de 688 millones ejecutables. Pero el problema acumulado se extiende a otros países. El Tribunal Supremo británico confirmó la deuda en marzo con intereses del 8%, Australia falló en contra en agosto de 2025 por 469 millones y Singapur sumó su primer laudo en febrero de este año por 300 millones más. Mientras tanto, los acreedores no están esperando con los brazos cruzados. Ya hay 250 millones congelados en Bélgica, la sede del Instituto Cervantes en Utrecht pendiente de subasta y otros requerimientos judiciales. Si el Supremo americano sigue la recomendación —algo que ocurre con mucha frecuencia— se cierra el último resquicio legal disponible en EE UU. La resolución podría llegar antes de finales de junio, según las fuentes consultadas.