La Ley de Vivienda modera el precio del alquiler y reduce la oferta

La competencia por acceder a un inmueble allí donde se aplica la Ley de Vivienda es feroz. Un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicado este lunes constató que el texto contribuye a moderar los precios del alquiler pero, al mismo tiempo, reduce drásticamente la oferta de pisos. Para probarlo, el informe se apoya en los datos de Cataluña, la primera comunidad autónoma en aplicar la contención de rentas en varios municipios desde marzo de 2024, a los que se fueron sumando muchos más. Así, el número de anuncios de alquiler cayó un destacado 22,2% en Barcelona y un 20,5% en Cataluña entre el primer trimestre de 2024 y el último de 2025. Al mismo tiempo, la oferta aumentó un 3,9% en Madrid, donde los precios del alquiler no están topados al no aplicar la autonomía la Ley de Vivienda. «La contracción catalana prácticamente duplica la de los territorios no regulados de nivel comparable, como la Comunidad Valenciana o Andalucía, donde el retroceso ronda el 10% y es atribuible a la fase general del mercado», apunta el informe. La presión de la demanda, medida como contactos por anuncio, alcanzó los 462 en Barcelona en el cuarto trimestre de 2025, frente a los 103 de Madrid y los 135 en el conjunto nacional, según el ‘think tank’. Asimismo, Barcelona registró del orden de 4,5 veces más solicitantes por vivienda que Madrid: «No son diferencias marginales, sino de orden de magnitud, y reflejan el exceso de demanda que la teoría asocia a un precio situado por debajo del de equilibrio», sostiene el estudio. Moderación de los precios Por otro lado, el alquiler acumuló un incremento más moderado del 5,7% en Barcelona y en Cataluña, frente al 8,5% en Madrid y al 10,8% en toda España. Según Fedea, las cuatro provincias catalanas comparten esta moderación en los precios, con crecimientos de entre el 3,1% y el 5,7%, registrando este territorio regulado aumentos inferiores en la práctica totalidad de los territorios comparados. Para Fedea, esta combinación de resultados sugiere que «la ley no ha conseguido su objetivo declarado de facilitar un mejor acceso a la vivienda». No obstante, según el informe, tampoco se puede atribuir el aumento de precios generalizado a la Ley de Vivienda. «Atribuirle el encarecimiento agregado incurriría en un error de identificación, porque el dato nacional está dominado por territorios donde la ley no opera.