La factura de la guerra golpeará a la industria española hasta 2027
Las grandes firmas prevén pagar un 22% más de luz y habrá problemas de suministro de gas
La paz puede llegar en cualquier momento pese a que ayer se anunció de nuevo el cierre de Ormuz, pero recuperar la normalidad económica llevará más tiempo. Así, aunque se confirmara definitivamente en estos días el alto el fuego entre Irán y EEUU, la factura del conflicto seguirá circulando por el estrecho y golpeando a las empresas españolas este año y también el próximo. Por el estrecho, cuya apertura no está clara tras los renovados ataques de ayer de Israel a Líbano, pasa casi una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo y casi una quinta parte del gas natural licuado, suficiente para que cualquier amenaza sobre el corredor se traduzca en precios más altos, fletes tensionados, contratos energéticos al alza e inversiones aplazadas. Ese es el trasfondo de la negociación que el Gobierno mantiene para decidir qué parte del escudo anticrisis seguirá viva a partir del 1 de julio. Las medidas aprobadas para contener la escalada energética vencen el 30 de junio, aunque el Ejecutivo ya ha anunciado que prorrogará durante tres meses algunas de ellas. El decreto está previsto para el Consejo de Ministros del 29 de junio, pero la discusión ha desbordado el calendario: los sectores afectados ya no preguntan solo cuánto durarán las ayudas, sino qué papel deben jugar en una economía que sigue operando en «modo crisis». La primera herida está en los precios. En la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), Pedro González, su director general, admite que el consumo eléctrico industrial resistió al inicio del año, apoyado en precios más bajos, pero sostiene que ese impulso se ha truncado. El coste del segundo trimestre se eleva ya un 20% por encima de lo previsto antes de la guerra y el sector calcula que el precio de mercado y el sobrecoste de los ajustes superarán los 100 euros por megavatio hora, un nivel difícil de absorber para competir.
Problema de competitividad
El escudo ha amortiguado parte del golpe. El Real Decreto-ley 7/2026 —con descuento del 80% en peajes, 300 millones adicionales en compensaciones por CO2 y supresión temporal del impuesto del 7% a la generación— ha reducido aproximadamente a la mitad una subida estimada en 24 o 25 euros por megavatio hora. Aun así, Aege calcula que la factura eléctrica de la gran industria cerrará 2026 un 22% por encima de la de 2025. Ahí aparece la segunda herida: para las empresas electrointensivas, el debate ya no es solo de alivio coyuntural, sino de competitividad frente a otros países. «Aunque se acabe la guerra ya, el mercado anticipa que los problemas de suministro de gas natural van a continuar durante 2026 y 2027», advierte González. El gas añade otra señal de deterioro. Verónica Rivière, presidenta de Gasindustrial, advierte que el consumo gasista de la industria acumula una caída del 26% respecto a los niveles previos a la crisis de Ucrania y suma 18 meses consecutivos de descensos. A su juicio, no es una sustitución masiva por biometano, hidrógeno o electrificación, sino pérdida de actividad industrial. «Estamos descarbonizando la industria, deslocalizándola», resume. La frase condensa una inquietud que atraviesa al sector: la transición energética puede avanzar, pero no si la industria pierde antes la capacidad de producir. Desde el otro lado del mercado gasista, Sedigas espera que las medidas anticrisis no solo mitiguen el impacto de la coyuntura geopolítica, sino que también refuercen «la competitividad industrial, la seguridad de suministro y el avance de la transición energética», apunta su portavoz, Julio César Gutiérrez. Esa es la tercera herida que deja abierta la guerra: cómo acelerar la transición sin dañar la competitividad. El discurso público empuja hacia la electrificación y los gases renovables, pero las empresas piden tiempo y reglas comparables con las de sus competidores europeos.