Un estudio señala que posponer la edad de jubilación incrementa la mortalidad prematura y no abarata las pensiones

Retrasar la jubilación aumenta la mortalidad prematura , especialmente en profesiones de riesgo (mineros, trabajadores ferroviarios o bomberos, entre otras), que en su mayoría están desempeñadas por hombres. Esta es la principal conclusión de un estudio elaborado por Fedea, que, sobre una muestra de 179.000 personas jubiladas, calcula que hubo unos 282 fallecimientos adicionales de españoles con edades comprendidas entre los 60 y 67 años debido al alargamiento de la vida laboral. 

Sin embargo, pese al retiro más tardío, la factura de las pensiones no se reduce. La reforma de 2011 emprendida durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero supuso el retraso progresivo de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años.

Precisamente, el hecho de llegar más tarde a la edad de jubilación está haciendo que en determinadas actividades, como la construcción, la minería, la industria u otras actividades de especial demanda física, se esté generando un coste de mortalidad. El efecto es estadísticamente significativo para los hombres, ya que su posibilidad de morir prematuramente aumentó en 1,6 puntos porcentuales, más del doble que en el caso de las mujeres (0,8 puntos) , para las que también se observó un incremento de la mortalidad, aunque no significativo. 

De las casi 300 muertes prematuras identificadas por Fedea, el 60% correspondió a hombres , a pesar de que el retraso en la jubilación , al no tener los suficientes años cotizados , ha afectado principalmente a las mujeres. Este fenómeno no se queda aquí y empeorará a partir del año 2027, cuando los cambios normativos establecidos se desplieguen en su totalidad.

Para ese año, la cohorte de 1962 cumplirá 65 años y será la primera en afrontar las nuevas reglas de la reforma, que establece la edad legal de jubilación en los 67 años para quienes no acrediten 38,5 años cotizados. 

La cuantía de las pensiones

Pese al incremento de la edad de jubilación, la factura de las pensiones no ha decrecido debido al aumento del número de pensionistas y de su cuantía, que se revaloriza para las prestaciones contributivas y de clases pasivas según el Índice de Precios al Consumo (IPC) tras la última reforma. De esta manera, el Estado gastó 10.589,3 millones de euros en pagar pensiones de jubilación contributivas el pasado julio, un 6,6% más que en el mismo mes del año anterior. 

Por su parte, la nómina mensual de pensiones de clases pasivas repuntó un 5,9%, hasta totalizar 3.514,7 millones de euros en el mes de junio. Estas pensiones son las que corresponden al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado y de la Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a trabajadores públicos transferidos a las comunidades autónomas. Menos jubilaciones anticipadas Los efectos de la reforma de 2011 también han provocado cambios en las vías de salida del mercado laboral. 

Los expertos de Fedea exponen que la posibilidad de una jubilación anticipada (antes de los 65 años) se ha reducido en 17,7 puntos , en línea con las medidas emprendidas por el Gobierno para condicionar la jubilación a las carreras más largas. Pero el sistema de jubilación no se ha mantenido intacto desde la reforma de Zapatero.

En 2022 , y bajo el mandato de José Luis Escrivá en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se iniciaron nuevos cambios con el objetivo de hacer cada vez más atractivo el retraso voluntario y favorecer la vuelta al mercado laboral tras la jubilación para asegurar la sostenibilidad del sistema ante el retiro de la generación del baby boom. 

En la actualidad, si se pospone voluntariamente la edad de jubilación se recibe un incremento de la pensión del 2% cada seis meses a partir del segundo año de retraso, por lo que no se tiene que esperar un año para recibir este porcentaje adicional como sucedía antes de la reforma de la jubilación demorada. Este porcentaje adicional se suma al 8% extra que recibe el cotizante al retrasar su jubilación durante los dos primeros años. 

Junto a esta modalidad, el Ejecutivo también amplió la jubilación flexible al trabajo autónomo , de manera que más personas puedan volver a trabajar partiendo de una situación de retiro total. Todo lo contrario pasa con la jubilación anticipada, que conlleva penalizaciones en función de unos coeficientes reductores y una serie de requisitos. 

Pensión mínima

El retiro anticipado del trabajo solo se puede hacer dos años antes de la edad ordinaria de jubilación, que para este año se sitúa en 66 años y 10 meses. También se debe acreditar un mínimo de 35 años de cotización efectiva. Además, si la pensión, una vez aplicados los coeficientes reductores, queda por debajo de la pensión mínima que le correspondería al interesado si se jubilara con la edad ordinaria, no podrá acceder a dejar el mercado laboral antes de tiempo.

Estas modificaciones han hecho que el 11,9% de las nuevas altas en pensiones de jubilación hasta julio hayan sido jubilaciones demoradas voluntarias, un punto porcentual más que al cierre de 2025 y 7,1 puntos por encima de las registradas en 2019. 

La probabilidad de jubilarse después de los 65 años ha aumentado en 26,7 puntos porcentuales, mientras que la jubilación exactamente a los 65 años ha caído en 10,3 puntos. Por tanto, los trabajadores que llegan a la edad de jubilación sin los años cotizados suficientes retrasan en promedio su jubilación efectiva en 8,1 meses respecto al grupo que ha tenido una larga carrera de cotización. 

El retraso crece en cada grupo a medida que avanza el calendario: cada mes adicional de edad legal se traduce, aproximadamente, en un retraso adicional de un mes en la jubilación efectiva para los que no alcanzan los años requeridos que posibilitan la jubilación a los 65 años, un efecto cuya magnitud aumentará cuando la reforma esté completamente desplegada en 2027. 

La única ventana de oportunidad que existe para adelantar la jubilación sin penalización es que la Seguridad Social reconozca coeficientes reductores, una modalidad destinada únicamente a aquellas profesiones especialmente penosas que puedan demostrar altos índices de mortalidad y morbilidad. 

Actualmente, son pocos los sectores que se encuentran inmersos en el reconocimiento de una minoración de la edad de retirada , debido a que el procedimiento implica un acuerdo previo entre las organizaciones sindicales, patronales y de autónomos más representativas del sector y, en algunos casos, de las propias Administraciones Públicas. Además, es necesario un informe de morbilidad y mortalidad que acredite, conforme a indicadores objetivos, la necesidad de adelantar la edad ordinaria de jubilación en dicha actividad. 

Las mujeres, las grandes perjudicadas

De momento, solo el transporte por carretera, el sector de la construcción, el taxi y, más recientemente, las camareras de pisos han solicitado coeficientes reductores para anticipar la jubilación. Otro de los efectos no deseados de este cambio normativo es el incremento de las desigualdades de acceso a la jubilación entre hombres y mujeres. 

Su retraso medio a la jubilación es mucho mayor frente a sus homólogos varones y de media deben postergar 10 meses su llegada al retiro, frente a los 3,1 meses de los hombre. En consecuencia, el peso de las mujeres entre los trabajadores que deben retrasar su jubilación al no haber cotizado lo suficiente para retirarse a los 65 años es del 62%. 

Es más, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en pasado abril la edad media de jubilación de las mujeres alcanzó por primera vez los 66 años, frente a los 65 años en los que se mantiene la de los hombres. 08/20/17-12/26