Dilatar la jubilación no baja la factura

Retrasar la jubilación aumenta la mortalidad prematura. Esta es la principal conclusión de un estudio elaborado por Fedea, que —sobre una muestra de 179.000 personas jubiladas— calcula que hubo unos 282 fallecimientos adicionales de españoles con edades comprendidas entre los 60 y 67 años debido al alargamiento de la vida laboral. Sin embargo, pese al retiro más tardío, la factura de las pensiones no se reduce. La reforma de 2011 de Zapatero supuso el retraso progresivo de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Precisamente, el hecho de llegar más tarde a la edad de jubilación está haciendo que en determinadas actividades, como la construcción, la minería, la industria u otras actividades de especial demanda física, se esté generando un coste de mortalidad. El efecto es estadísticamente significativo para los hombres, ya que su posibilidad de morir prematuramente aumentó en 1,6 puntos porcentuales, más del doble que en el caso de las mujeres (0,8 puntos), para las que también se observó un incremento de la mortalidad, aunque no significativo. De las casi 300 muertes prematuras identificadas por Fedea, el 60% correspondió a hombres , a pesar de que el retraso en la jubilación , al no tener los suficientes años cotizados , ha afectado principalmente a las mujeres. Este fenómeno no se queda aquí y empeorará a partir del año 2027, cuando los cambios normativos establecidos se desplieguen en su totalidad. Para ese año, la cohorte de 1962 cumplirá 65 años y será la primera en afrontar las nuevas reglas de la reforma, que establece la edad legal de jubilación en los 67 años para quienes no acrediten 38,5 años cotizados. Pese al incremento de la edad de jubilación, la factura de las pensiones no ha decrecido debido al aumento del número de pensionistas y de su cuantía, que se revaloriza para las prestaciones contributivas y de clases pasivas según el IPC tras la última reforma. De esta manera, el Estado gastó 10.589,3 millones de euros en pagar pensiones de jubilación contributivas el pasado julio, un 6,6% más que en el mismo mes del año anterior. Por su parte, la nómina mensual de pensiones de clases pasivas repuntó un 5,9%, hasta totalizar 3.514,7 millones de euros en el mes de junio. Estas pensiones son las que corresponden al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado y de la Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a trabajadores públicos transferidos a las comunidades autónomas.

Los efectos de la reforma de 2011 también han provocado cambios en las vías de salida del mercado laboral. Los expertos de Fedea exponen que la posibilidad de una jubilación anticipada —antes de los 65 años— se ha reducido en 17,7 puntos , en línea con las medidas emprendidas por el Gobierno para condicionar la jubilación a las carreras más largas. En la actualidad, si se pospone voluntariamente la edad de jubilación se recibe un incremento de la pensión del 2% cada seis meses a partir del segundo año de retraso, por lo que no se tiene que esperar un año para recibir este porcentaje adicional como sucedía antes de la reforma de la jubilación demorada. Este porcentaje adicional se suma al 8% extra que recibe el cotizante al retrasar su jubilación durante los dos primeros años.

Las grandes perjudicadas

Otro de los efectos no deseados de este cambio normativo es el incremento de las desigualdades de acceso a la jubilación entre hombres y mujeres. Su retraso medio a la jubilación es mucho mayor frente a sus homólogos varones y de media deben postergar 10 meses su llegada al retiro, frente a los 3,1 meses de los hombre. En consecuencia, el peso de las mujeres entre los trabajadores que deben retrasar su jubilación al no haber cotizado lo suficiente para retirarse a los 65 años es del 62%. Es más, en abril la edad media de jubilación de las mujeres alcanzó por primera vez los 66 años, frente a los 65 en los que se mantiene la de los hombres.