Las huelgas se intensifican en el año y los sindicatos auguran un «otoño caliente"

Los conflictos laborales se han disparado en la primera mitad del año. Hasta junio, se ha más que triplicado el número de trabajadores participantes en huelgas y cierres patronales, que suman 430.666 personas y suponen la pérdida de 973.482 jornadas laborales, es decir, casi un millón. Las cifras contrastan mucho con las del año anterior, cuando los participantes apenas sumaban 132.358 personas y las jornadas perdidas se quedaron en 285.943, según datos de la estadística de ‘Huelgas y cierres patronales’ del Ministerio de Trabajo.

Detrás de este incremento hay una razón fundamental y son las movilizaciones que se han vivido estos meses en sectores como la educación o la sanidad, que concentran conjuntamente el 64% de los participantes a nivel nacional. Sin embargo, los conflictos laborales se están diversificando más allá de lo público ante la ausencia de un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). El último quedó caducado en 2025, lo que ha dejado a las mesas de negociación sin unas líneas generales para guiar el diálogo a la hora de renovar los convenios. Así lo asegura el secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pachecho, que avisa de que los datos no son puntuales e irán a más en los próximos meses debido a que el aumento de los beneficios empresariales no se está traduciendo en mejoras salariales para los trabajadores, una advertencia que llevan lanzando junto a UGT desde hace meses.

El repunte en la conflictividad también está siendo incentivado por las organizaciones sindicales. El secretario general de CC OO, Unai Sordo, ya advirtió a la CEOE antes del parón veraniego que los sindicatos impulsarían un otoño «caliente» en materia salarial. Para ello, su sindicato y UGT han puesto en marcha un fondo dotado con ocho millones de euros para este próximo bienio con el objetivo de compensar la pérdida salarial de los afiliados que acudan a la huelga por motivos relacionados con las mejoras salariales y los convenios colectivos. De momento, estos fondos ya se han puesto a disposición de los trabajadores de la atención a domicilio, del cuidado niños de cero a tres años o del sector de la alimentación en Galicia para que los trabajadores puedan acudir a la movilización sin pérdida salarial.

Airbus es una de esas empresas inmersas en un proceso de huelga. Desde el pasado junio, los trabajadores de la compañía aeroespacial mantienen movilizaciones contra la dirección en busca de mejoras salariales. Aunque su convenio colectivo tiene vigencia entre los años 2024 y 2027, la dirección acordó con los representantes de los trabajadores que en 2026 se revisarían algunos aspectos del mismo, como la subida salarial, un punto en el que la comisión negociadora y la dirección no logran ponerse de acuerdo. Junto a la revisión de sueldo, el teletrabajo y la retirada del mecanismo Bradford que utiliza la empresa para penalizar la mejora en las prestaciones por Incapacidad Temporal (IT) en función del absentismo, son algunas de las barreras que impiden cesar las hostilidades.

A finales de julio, la empresa alcanzó un principio de preacuerdo con CC OO, SIPA y ATP — tres de las seis organizaciones sindicales de Airbus— que no fue suficiente, ya que la plantilla las rechazó en un referéndum. El conflicto ha llegado al SIMA, que ya está intermediando entre empresa y sindicatos para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin al paro. Sin embargo, los esfuerzos del organismo no han dado todavía sus frutos y los sindicatos mantienen para los 14.000 trabajadores de Airbus en España desde el pasado 25 de agosto una huelga indefinida con la que dan continuidad a la de julio.

Este repunte de la conflictividad tiene como claro protagonista al sector público, que protagoniza casi nueve de cada diez huelgas (86,7%). Así lo refleja el último informe de la CEOE que cuantifica en 169.280 las personas trabajadoras implicadas en los 294 paros del primer semestre del año e identifica 86.936 trabajadores que permanecen en huelgas iniciadas en meses anteriores. Respecto a 2025, también hubo un repunte en el número de participantes a pesar de que hubo cuatro paros menos en cifras absolutas. Los datos de la patronal difieren de los que ofrece el Ministerio de Trabajo porque en la estadística oficial se suman los trabajadores movilizados en huelgas como la del 8-M o los paros de trabajadores que se producen por razones sociales como la solidaridad con Palestina. Por tanto, si se tuviera en cuenta la conflictividad estrictamente laboral del sector privado, se contabilizarían 194 huelgas en la primera mitad del año en las que participaron 53.366 trabajadores.

Las huelgas supusieron una pérdida de 16,7 millones de horas de trabajo hasta junio, tres veces más que en el mismo periodo del año anterior. Mayo fue el mes en el que se produjo mayor pérdida de horas de trabajo, con más de cinco millones. Si se excluyen las huelgas producidas en servicios de carácter público y por motivaciones extralaborales, se perdieron 2,1 millones de horas de trabajo.

Los educadores y los sanitarios fueron dos de los colectivos públicos que llenaron las calles en esta primera mitad del año exigiendo mejoras laborales. Los primeros registraron hasta junio 163.019 trabajadores participantes en movilizaciones, casi el triple que el año pasado, mientras que en servicios sanitarios los implicados se multiplicaron por cuatro, con 114.044 implicados.

Las protestas no cesarán en los próximos meses y los sindicatos de docentes valencianos, madrileños y catalanes ya han anunciado fechas en septiembre que darán continuidad a las movilizaciones coincidiendo con el inicio del curso escolar. El sindicato CSIF ha puesto la guinda al pastel anunciando una movilización frente al Ministerio de Educación en Madrid para el próximo 16 de septiembre para exigir una reducción en las ratios de alumnos en las aulas y la interinidad sin descartar ir a una huelga. Junto a ellos, las educadoras infantiles también llenaron las calles este mayo para pedir mejoras en la educación de cero a tres años tras protagonizar durante semanas paros, concentraciones y con la amenaza de intensificar las protestas a partir de septiembre.

La situación en el sector de la anidad no es muy distinta. Las protestas que se iniciaron en el primer semestre tienen su origen en el estatuto marco que regula las condiciones laborales de casi un millón de médicos. El anteproyecto fue aprobado por el Gobierno tras recibir el respaldo de algunos sindicatos del ámbito -CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig Saúde-. Sin embargo, el texto no convence a los sindicatos de médicos, que ya avanzaron antes de las vacaciones que las protestas continuarán e incluso podrían llegar a intensificarse con una huelga indefinida.

El verano y los incendios también han traído nuevos conflictos que impactan al sector público como el que mantienen los sindicatos OSTA, CGT, CCOO y UGT, con mayoría en el Comité Intercentros de la empresa pública aragonesa Sarga, y que les llevó a convocar una huelga indefinida de los bomberos forestales desde el pasado 18 de agosto en Aragón para reclamar más medios en la lucha contra los incendios forestales a pesar de que se han establecido unos servicios mínimos del 100%. "El sector público es el gran precarizador por sus niveles de temporalidad, que han sido señaladas por organismos como el TJUE", apuntan desde la patronal española.

Movilizaciones en octubre 

Por tanto, todo parece apuntar que esta segunda mitad del año vendrá cargada de más conflictividad laboral, que cada vez está teniendo un mayor componente territorial. De hecho, Cataluña fue la comunidad que más trabajadores participantes en huelgas concentró (125.983) y con más jornadas laborales no trabajadas (206.500), muy seguida del País Vasco (96.406 participantes y 170.640 jornadas no trabajadas). Javier Pacheco ve con poco optimismo que el bloqueo al nuevo pacto salarial que mantiene CEOE finalice a partir de septiembre, lo que hará que este "otoño sea más caliente que de entendimiento" con la patronal.

"Nosotros estamos ya previendo procesos de movilizaciones confederales que vayan sosteniendo la negociación del AENC o reivindicando su desbloqueo. Estamos preparándonos para eso porque no tenemos muchas expectativas en que la CEOE haga un giro de guion", apunta Pacheco, que estima que en octubre CC OO y UGT podrían estar ya movilizándose en la calle para exigir a la patronal española un nuevo pacto de salarios.

Sin embargo, Pacheco no descarta que 2027 pueda iniciarse sin un nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva debido a que -a su juicio- la CEOE está manteniendo una posición de bloqueo en las mesas de negociación tripartita a la espera de un cambio de ciclo político en los comicios generales del próximo año. No obstante, apunta a que el cierre de la presentación de candidaturas para las próximas elecciones presidenciales de la CEOE donde Antonio Garamendi no ha encontrado rival y será reelegido como presidente de la patronal, puede influir en la postura de las empresas españolas de cara a los próximos meses una vez se ha cerrado su campaña electoral.