Los funcionarios retoman en el Constitucional la lucha por la paga extra de 2010
Esta misma semana CSIF se ha dirigido formalmente al Constitucional para que resuelva el recurso presentado
Imagen del 14/12/2024 en la que unos 35.000 funcionarios convocados por el sindicato mayoritario en la función pública, CSIF, exigieron en una manifestación en Madrid que el Gobierno dote de una financiación "suficiente" al sistema de Muface. EFE/Víctor Lerena
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) comienza el nuevo curso con movilizaciones intensificadas "en todos los ámbitos" debido a que la organización considera que el "malestar laboral" y la "sensación de abandono" son generalizados en el colectivo. Entre sus principales demandas se encuentra el desbloqueo de la devolución de las pagas extraordinarias recortadas en 2010, sobre el que esperan que el Tribunal Constitucional se pronuncie "en breve".
CSIF presentó en 2024 un recurso ante este órgano contra el rechazo de la Mesa del Congreso a tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010. Su objetivo es derogar el artículo 1 en materia retributiva del Real Decreto-Ley 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público en plena crisis económica, y poder recuperar así la estructura salarial previa a los recortes de 2010.
"La reducción de las pagas extraordinarias fue una medida extraordinaria adoptada en un contexto de grave crisis económica. Sin embargo, dieciséis años después, ese recorte continúa integrado de forma permanente en la estructura retributiva de los empleados públicos, pese a haber desaparecido hace años las circunstancias excepcionales que lo motivaron", consideran desde la organización sindical.
En la actualidad, los recortes de las pagas extraordinarias suponen una merma media anual de 1.000 euros, según fuentes sindicales, lo que equivaldría a 48.000 millones de euros desde que se aprobó la medida en este concepto salarial. Esta misma semana CSIF se ha dirigido formalmente al Constitucional para que resuelva el recurso presentado.
Déficit estructural crónico Además de ello, desde el sindicato denuncian "un déficit estructural crónico de personal agravado por las jubilaciones y el envejecimiento de plantillas" de funcionarios, que se traduce, a su juicio, en un aumento de la carga de trabajo, del malestar laboral y del deterioro de los servicios que reciben los ciudadanos.
Por tanto, la organización sindical aseguró que velará por la ejecución de la subida salarial de 2027 -de un 4,5%- ante un escenario de tensiones inflacionarias, ausencia de presupuestos y un posible adelanto electoral, así como el 0,5% variable con efectos retroactivos a 1 de enero de 2026 vinculado a la inflación.
En concreto, exigen la equiparación salarial entre administraciones, la implementación del teletrabajo, el refuerzo de plantillas, la jubilación parcial anticipada y una actualización de retribuciones del personal en el exterior.
Además, denuncian problemas en la Administración General del Estado para adaptar las 35 horas por departamentos y una parálisis en la negociación del convenio único. En consecuencia, anuncian movilizaciones en la Agencia Tributaria, Seguridad Social, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Musicales (INAEM), Agencia del Medicamento, Transición Económica, AEMET y Política Territorial.