La CNMC asesta un duro golpe al decreto del Gobierno de renovables
Pide flexibilizar las exigencias de los centros de datos
Un parque eólico en la comunidad autónoma.
Varapalo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al decreto con el que el Gobierno quiere ordenar los centros de datos en España. «Nos da la razón en todo», aseguran fuentes del sector a este periódico. El supervisor cuestiona buena parte de los requisitos del Ejecutivo y reclama rebajar las obligaciones renovables, ampliar los plazos y revisar los recargos de hasta el 500%. Begoña Villacís, directora de SpainDC, patronal de los centros de datos, considera que «sería sorprendente que el Gobierno no hiciera caso a la CNMC».
El pronunciamiento llega con 66.900 millones de euros en inversiones previstas y señales de parálisis. «Los teléfonos han dejado de sonar», resumen fuentes del sector, que describen un frenazo en las conversaciones con potenciales inversores desde la publicación del borrador. El órgano regulador alerta, además, del riesgo para los proyectos que ya cuentan con permisos eléctricos: el decreto contempla su caducidad si las instalaciones todavía no se han conectado a la red y no acreditan las nuevas condiciones en seis meses. Villacís sostiene que el informe avala las alegaciones de la patronal.
El Gobierno prepara cambios en el texto, como ya adelantó este periódico, pero los promotores dudan de que haya tiempo para introducirlos. Moncloa ha pisado el acelerador para aprobar el decreto entre finales de octubre y principios de noviembre, antes de las elecciones generales. Aún tiene sobre la mesa más de 600 alegaciones, debe estudiar las objeciones de Competencia y pasar el trámite del Consejo de Estado antes de llevar nuevamente la norma al cónclave ministerial. Villacís cuestiona que la norma pueda estar lista en octubre: incluso si el Ejecutivo solicita la tramitación urgente, que podría reducir el plazo del dictamen a menos de 15 días, el órgano consultivo podría rechazarla.
Las prisas responden también a los compromisos de España para acceder al último desembolso de los fondos europeos. Fuentes del sector perciben voluntad negociadora en el Gobierno, pero temen que mantenga la correlación horaria y la obligación del 80% de renovables adicionales. Consideran que conservar ambas condiciones sería un golpe decisivo para los proyectos.
El mayor choque está en la energía. El decreto obliga a cubrir el 80% del consumo de los centros de datos con nueva generación renovable y exige una correspondencia horaria del 80% entre electricidad consumida y producida. Competencia advierte de que estas condiciones pueden disparar los costes y forzar inversiones innecesarias en parques y baterías. Además, recuerda que España registró casi 600 horas de precios negativos durante las horas solares en el primer semestre de 2026, según el informe.
La CNMC plantea rebajar el porcentaje inicial o escalonar su cumplimiento hasta 2030. También propone dar por cubierta la correlación horaria cuando la electricidad cueste 20 euros por megavatio hora o menos, las emisiones sean reducidas o existan excedentes renovables y reclama además reconocer el almacenamiento independiente, la gestión de la demanda y las ampliaciones de parques existentes. Su argumento es que no tiene sentido requerir nueva generación cuando el sistema ya dispone de electricidad sobrante. En este sentido, la Unión Española Fotovoltaica (Unef) también respalda las recomendaciones de Competencia, pero solicita que los requisitos de correlación horaria se consideren cumplidos automáticamente cuando existan excedentes renovables, vertidos o precios especialmente bajos.
Permisos y sanciones
Los plazos abren otro frente. El proyecto da seis meses a los centros de datos con permisos de acceso y conexión concedidos, pero aún sin conectarse, para cumplir los nuevos requisitos. De lo contrario, perderán esos derechos. Competencia aboga por un régimen transitorio que proteja las inversiones avanzadas y evite penalizar retrasos ajenos a los promotores. También cuestiona los 18 meses de antigüedad máxima que pueden tener las instalaciones renovables vinculadas a los centros de datos. Propone ampliar ese margen, tomando como referencia los 36 meses de la normativa europea sobre combustibles renovables, y considera insuficientes los 20 días previstos para la entrada en vigor del decreto.
Las penalizaciones tampoco convencen al supervisor. El Gobierno plantea recargos de hasta el 500% sobre peajes y cargos eléctricos por determinados incumplimientos. La CNMC rechaza esa fórmula y solicita vincular las sanciones al coste que generen para el sistema, con los futuros mecanismos de capacidad como posible referencia.
Competencia también quiere flexibilizar los contratos de compra de electricidad renovable (PPA). El decreto establece acuerdos de al menos diez años, formalizados en escritura pública antes de solicitar el acceso a la red. El ente que preside Juan José Ganuza advierte de que estas condiciones atan a los promotores y encarecen los cambios de proveedor. Reclama permitir contratos conjuntos, sustituir plantas renovables por otras equivalentes y aprovechar las garantías oficiales de origen.
La red, presionada
El informe también cuestiona los criterios de refrigeración. El Ejecutivo fija simultáneamente un indicador de eficiencia energética (PUE) de 1,15 y otro de consumo de agua (WUE) de 0,1. La CNMC advierte de que ambos objetivos pueden entrar en conflicto: ahorrar agua puede exigir más electricidad y viceversa. Ante la escasez hídrica en España, propone priorizar el ahorro de agua, distinguir entre recursos potables y regenerados y flexibilizar los parámetros energéticos durante la puesta en marcha de las instalaciones.
La CNMC también cuestiona el reparto de competencias. Rechaza que los gestores de red deban evaluar requisitos de sostenibilidad o soberanía digital y recuerda que le corresponde regular las condiciones de acceso y conexión, incluidas las causas de pérdida de permisos. Reclama además proteger la información comercial sensible de los operadores y devolver los pagos por reserva de capacidad cuando un promotor renuncie a sus permisos sin penalización.
La disputa llega con una avalancha de solicitudes de conexión. Según la CNMC, los centros de datos acumulan unos 12 GW con permisos concedidos, otros 27 GW pendientes y más de 32 GW en peticiones denegadas. El organismo comparte la preocupación del Gobierno por el impacto de esta demanda sobre la red, pero insta a evitar inversiones sobredimensionadas y que los refuerzos específicos de los proyectos acaben pagándolos todos los consumidores. El Ejecutivo afronta así la recta final del decreto con el supervisor reclamando cambios de fondo, tres proyectos que amenazan con marcharse y un sector que cuestiona tanto los requisitos como las prisas por aprobarlas.