Zaplana cree que la nueva ley regula mejor las pensiones
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, afirmó ayer que la nueva Ley elaborada por el Gobierno para igualar las pensiones en todo el territorio nacional recoge «partes literales de los fundamentos jurídicos de la sentencia» emitida por el Tribunal Constitucional (TC) a favor de la Junta de Andalucía. En estas partes, según Zaplana, el Alto Tribunal «casi nos invita a que si discrepamos, regulemos de forma más contundente esta cuestión, que es lo que hemos hecho». Durante un encuentro mantenido ayer con los medios de comunicación en Alicante, el ministro de Trabajo precisó que la Ley ha recogido en su exposición de motivos «partes literales de los fundamentos jurídicos de la sentencia, en las que establece que el Gobierno puede clarificar de forma más determinante algunos aspectos. Es decir, casi nos invita a que si discrepamos, regulemos de forma más contundente esta cuestión, que es lo que hemo hecho». No obstante, consideró «lógicas» las discrepancias manifestadas por la Junta de Andalucía -que complementa las pensiones en esta Comunidad Autonóma-, y recordó que la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional es «compleja» y en torno a ella se generó «un debate importante». Por ello, afirmó que «no pasa nada» porque surjan discrepancias. «En este país,- según explicó- afortunadamente hay gente que piensa de una manera y gente que piensa de otra: nosotros pensamos que las pensiones deben ser iguales en todo el territorio nacional, y que el sistema de pensiones está por encima de cualquier debate de oportunidad política». En este sentido, precisó que «las pensiones deben de crecer como están creciendo todos los años, pero sobre todo tienen que permanecer, y el sistema tiene que ser viable de cara al futuro, y por tanto no debemos jugar con decisiones de ese tipo». Además, el ministro de Trabajo apuntó que una vez obtenido un sistema público de pensiones «único en todo el territorio nacional», los gobiernos autónomos están en «su perfecto derecho de realizar otras políticas de asistencia y acción social».