El fiscal pide la libertad bajo fianza para Antonio Camacho

El magistrado tendrá que tomar una decisión sobre la liberación del empresario cuando también tenga en su poder las alegaciones de las diferentes acusaciones particulares de los afectados. Antonio Camacho, propietario de la agencia de valores, es el principal implicado en una de las mayores estafas financieras ocurridas en España. El juzgado investiga si junto a otros socios y colaboradores engañó a más de un millar de pequeños inversores, que habrían perdido más de 90 millones de euros. Reducción de riesgos El fiscal expone en su informe que debido al «avance de la instrucción» se reducen «las posibilidades de alteración u obstrucción» de la recopilación de pruebas. Asimismo, justifica el levantamiento de la prisión provisional a cambio de la imposición de una fianza, dado que el riesgo de fuga ha disminuido. La reacción de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) no se hizo esperar. En su opinión, la libertad de Camacho y Sardón «debe regirse en base a los criterios aplicados a otros condenados por delitos de «cuello blanco» como De la Rosa, Conde, o «Los Albertos», en los que «se establecía como prioridad el mantenimiento en la cárcel como único medio de ejercicio de la Justicia». En nombre de «los más de 1.200 ahorradores afectados» por el «caso Gescartera», la Asociación lamenta que «tras dos años de investigación, la Audiencia Nacional y las instituciones implicadas (Banco de España, Ministerio de Hacienda, CNMV y otras) no hayan sido capaces de determinar el paradero del dinero defraudado ni establecer la identidad de todos los responsables». Adicae recuerda que «más de mil familias» se encuentran en «el más absoluto desamparo ante la pérdida de los ahorros de toda una vida, máxime ante la arbitraria e ilegal actuación del Fondo de Garantía de Inversiones». Para Adicae, resulta «incomprensible» el pronunciamiento del fiscal, cuando todavía faltan «importantes declaraciones» como las correspondientes a la empresa auditora, Deloitte & Touche, o a otros «máximos responsables de la CNMV implicados. La asociación hace hincapié en que la libertad condicional solicitada «constituye un gravísimo escándalo social y político».