Consumo denuncia la tarifa por horas de los aparcamientos públicos

El cobro abusivo «por hora o fracción» que practican los aparcamientos públicos en todas las ciudades españolas está ya ante los tribunales de justicia. El Instituto Nacional de Consumo interpuso ayer en los juzgados de primera instancia de Madrid una demanda contra esta práctica, con el fin de que se cobre a los usuarios el tiempo real de estacionamiento. La ministra de Sanidad y Consumo, Ana Pastor, lo había anunciado a mediados de julio, y ayer se concretó la medida después de recibir un informe consensuado de las Comunidades Autónomas y el dictamen favorable de la Dirección General de Registros y del Notariado. Cumplidos estos trámites y con la autorización de la Abogacía del Estado, la demanda entró en la vía judicial, aunque el Ministerio mantiene abiertos los cauces de diálogo con el sector. Los responsables del Instituto Nacional de Consumo se reunirán en los próximos días con las asociaciones que agrupan a las empresas de aparcamientos para tratar de fijar códigos de conducta que erradiquen estos abusos. El cobro por tiempo real de estacionamiento es una vieja demanda de las asociaciones de usuarios, según lo establecido por la Ley General para la Defensa de los Consumidores. Ésta tilda de «abusivas» aquellas condiciones que «impongan el pago de servicios no prestados» o provoquen «un desequilibrio entre las partes». Esto ocurre en las tarifas aplicadas por los aparcamientos, que redondean' al alza cualquier tiempo adicional de estancia. De este modo, si un coche permanece dos horas y cinco minutos, el propietario paga tres horas en aquellos establecimientos -la mayoría- que aplican tarifas por hora, o dos horas y media si el cálculo es por fracción de treinta minutos. Primeras adhesiones Sin esperar a la resolución del trámite judicial, la iniciativa de Sanidad y Consumo ya ha recibido una primera respuesta positiva. El Ayuntamiento de Málaga ha anunciado que esta capital andaluza será la primera ciudad con «pago por minutos» en los aparcamientos municipales. Por su parte, la Federación de Consumidores en Acción (Facua) ve con buenos ojos la demanda del Ministerio. Ésta recordó, no obstante, que estos abusos podrían corregirse con cambios en la Ley del 2002, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos, y la facturación por períodos de cinco minutos pasada la primera media hora, con respeto a la libertad de precios. Del mismo modo, la Confederación de Consumidores y Usuarios (Cecu) cree que la denuncia del Instituto Nacional de Consumo de es «acertada y conveniente» y se sitúa en la perspectiva de la defensa de los derechos de los usuarios que utilizan este tipo de servicios.