Gobierno y comunidades autónomas se enfrentan por el control aéreo

El Gobierno y las comunidades autónomas gobernadas por formaciones distintas al PP han vuelto a enfrentarse a costa del control del negocio que proporcionan los aeropuertos, una cuestión que parecía aplazada hasta que la Unión Europea concluya la serie de Directivas que está preparando para homologar las distintas normativas nacionales que regulan la actividad del sector aéreo. Para los populares, los nacionalistas sólo están guiados por «el deseo de acaparar competencias», actitud que en su opinión viene marcada por claros fines «electoralistas», sobre todo en Cataluña, donde el próximo 16 de noviembre se celebrarán elecciones autonómicas con una pugna muy cerrada entre CiU y PSOE. Por su parte, la oposición reprocha al Ejecutivo que mantenga una actitud «inmovilista» en este tema y reclama un modelo de gestión descentralizado, en el que participarían no sólo el resto de administraciones públicas -regional, provincial y municipal- sino también la iniciativa privada. El debate no es nuevo, pero Convergencia i Unió decidió llevarlo al Congreso de los Diputados la pasada primavera en un intento por volver a sacar a la palestra la parte del traspaso competencial que estiman pendiente, pese que sus dirigentes eran conscientes de que la respuesta gubernamental sería negativa a sus demandas. Las posturas La idea, no obstante, era que todos los grupos parlamentarios fijaran sus posturas, para así poner en evidencia que el PP está solo en este caso, como se puso de manifiesto en la votación realizada la semana pasada sobre la proposición no de ley presentada por los nacionalistas catalanes para que se transfiriera a la Generalitat la gestión de los medios existentes en los aeropuertos de esta comunidad, que fue apoyada por 132 diputados y rechazada por otros 142, es decir, los escaños ocupados por los populares. Los socialistas, que se presentan como alternativa de gobierno para el país y controlan ya el poder ejecutivo en seis autonomías -con las posibilidades, cada vez menores, de sumar también Madrid y Cataluña- defienden la «cogestión» de los aeropuertos españoles, para lo cual sería necesario modificar los estatutos del ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), a lo que se ha opuesto hasta ahora de forma tajante el Ministerio de Fomento. Según su propuesta, debería crearse un ente en el que participarían las distintas administraciones -desde los municipios hasta las autonomías- junto a la iniciativa privada, «todo ello con el objetivo de crear unas líneas estratégicas de desarrollo plenamente integradas en el territorio el territorio en el que se ubica en el aeropuerto».