El Gobierno acusa a las comunidades de abusar de la contratación temporal

El Gobierno acusa a las comunidades autónomas (CC.AA.) y a los ayuntamientos de «abusar» de las contrataciones temporales, según manifestó el secretario general de Estado para las Administraciones Públicas, Julio Gómez-Pomar, quien insistió en que el grado de inestabilidad de las plantillas autonómicas y locales es «inadmisible». En consecuencia, uno de los compromisos más difícil de cumplir del acuerdo suscrito entre el Ejecutivo y los sindicatos del área (CC.OO., UGT y CSI/CSIF) en noviembre del 2002 es, precisamente, el de reducir del 22% al 8% la tasa de eventualidad de los empleados públicos. El representante del Ministerio de Administraciones Públicas recordó que el índice de temporalidad en la Administración central no llega al 7%, mientras que en las comunidades se dispara al 23%. Aclaró que el Registro de Personal Público refleja una tasa media ponderada entre los funcionarios del 1,9% y entre el personal laboral del 16,6%, e hizo hincapié en que de momento el único ámbito en el que se cumple el acuerdo de 2002 es en el del Estado. Gómez-Pomar instó a los gobiernos territoriales a que, a través de la reposición de los puestos de trabajo, recogida por la Ley de Presupuestos del Estado, sustituyan los contratos interinos por otros estables. En este sentido, señaló que la legislación vigente obliga a que no existan trabajadores temporales, de esa modalidad de empleo, con más de dos años de antigüedad. Conferencia sectorial A juicio del secretario de Estado, es lógico que las comunidades aumenten su plantilla para cubrir servicios nuevos, fruto de las transferencias «pero tienen que ir a personal estable». Indicó que uno de los motivos por los que se suprimió el límite para que las bajas registradas fueran cubiertas de nuevo en su totalidad fue el de conseguir un mercado laboral más estable entre los empleados públicos. Gómez-Pomar añadió que el Ministerio que dirige Julia García-Valdecasas está dispuesto a controlar la situación y «vamos a eliminar las acciones que no tienen la más mínima explicación». Uno de los procedimientos a seguir es el de establecer nuevos cauces de diálogo, entre los que figura la creación de la Conferencia Sectorial, foro en el que participarán los gobiernos territoriales y la Administración central, que ya está operativo desde hace años en otros Ministerios.