Defiende que las compañías paguen su propia modernización, pero que no se repercuta al carbón
UGT propone cargar en las tarifas la modernización de las eléctricas
El sindicato exige una planificación energética que no ahogue aún más al sector minero

Manuel López es secretario general de la FIA-UGT de Castilla y León
El secretario general de FIA-UGT en Castilla y León, Manuel López, reclamó ayer al Gobierno central «valentía» para exigir a las compañías eléctricas que carguen con todo el peso de la inversión que necesita la nueva planificación del sector energético y que, «si es necesario» porque éstas no puedan asumirlo en su totalidad, se aplique un aumento de la tarifa eléctrica a los clientes para sufragar los costes que supondrá la adaptación de las térmicas a la normativa europea. Y lo justifica en que las eléctricas ya están pensando en repercutir al carbón los costes de las inversiones en reducción de emisiones de anhídrido carbónico a la atmósfera y por las tasas por lanzarlos que se aplicarán desde el 2005 como consecuencia del Protocolo de Kioto; y «no se puede incidir en sectores estratégicos como el minero». «Estamos convencidos de que el coste de la reducción de emisiones no puede repercutir en pérdida de empleo, sino en el sector eléctrico y si fuera necesario en la tarifa eléctrica», manifestó el líder del sindicato minero y energético de UGT, quien agregó que el sector eléctrico en Castilla y León «no puede perder más empleo»: en diez años se ha dejado un 47% del empleo en las eléctricas, dos terceras partes del minero y «el mapa energético para los próximos años baja del 17% al 9% el peso de Castilla y León en España. Ayudas multimillonarias López recordó también los 12.000 millones de euros (dos billones de pesetas) recibidos por las eléctricas hasta ahora desde que se liberalizó el sector en 1996 no han servido para que inviertan en modernizarse como han debido; también que en este tiempo declaran beneficios multimillonarios. En cambio, señala, el sector minero ha perdido producción, ayudas -y cada vez más-, empleo y capacidad industrial, que se ha traducido en el cierre de un grupo térmico por Endesa en el Bierzo y en que «el grupo 2 esté cerrado casi de hecho». Apunta que se ha anunciado para este año y que si no lo está es porque en agosto «se llegó al límite de la demanda, casi hubo apagones»; se precisa y se aguantará «hasta que no dé más de sí». También aprovechó para apuntar que desde el PP berciano se lideró una oposición frontal a estos cierres, que se anunciaron peticiones de dimisiones que no se han producido una vez pasadas las elecciones. No obstante confía en las noticias de inversiones en los grupos 3 y 4 -el 2 ya está adaptado gracias a ayudas logradas «por la presión del sector minero» en 1992 para salvar la cuenca de Fabero-Sil-, que Fenosa retome los paralizados planes de adaptar Anllares y La Robla (donde prevé además un tercer grupo de ciclo combinado gas-carbón) y que Iberdrola garantice uno de los dos de Guardo (Palencia). «Pedimos capacidad y peso para un sector industrial estratégico en León y en la comunidad», llevando a cabo los planes de modernización anteriores, porque es lo que garantizaría el que puedan asumir la reserva de carbón de Castilla y León: 5,03 millones de toneladas, la producción actual. Defensa del carbón «Hay que abordar una política energética seria y rigurosa, porque si no en poco tiempo el abastecimiento en este país no estará asegurado. Pero no se puede hacer a cualquier precio y hay que apostar por el único recurso autóctono que tenemos en nuestro país, el carbón», puntualiza López. Recuerda que las cuencas mineras y el sector ya han vivido una década de recortes, de pérdida de población y peso económico y que no pueden perder más por razones sociales y económicas y porque no siempre van a ser los «paganos» de la política energética, de los intereses de las eléctricas y de las razones ambientales: el carbón ha reducido el 37% de sus emisiones desde 1990.