Los expertos denuncian la falta de libertad horaria en las autonomías

Las comunidades autónomas tienen un «alto grado de restricción» de la libertad comercial, e incluso en algunos casos incurren en un «intervencionismo» más que considerable. Así se afirma en el último estudio patrocinado por el Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat de Cataluña y la Fundación BBVA, según el cual sólo dos regiones, Madrid y Cantabria, apenas ponen trabas tanto en materia de horarios y días de apertura como en la implantación de grandes superficies comerciales, en línea con la libertad absoluta concedida por el Estado. En el extremo contrario se sitúan Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana. Los economistas Ángel de la Fuente y Xavier Vives, miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y autores del informe, llegan a esa conclusión tras constatar que la gran mayoría de las Administraciones regionales se mantienen en el número mínimo de domingos abiertos. Del mismo modo, las autonomías hacen una interpretación «amplia» del concepto de gran superficie, lo que les permite extender su regulación a centros que, de otro modo, no figurarían en la primera categoría comercial conforme a su tamaño. De acuerdo con el análisis realizado en el estudio sobre la legislación vigente en cada autonomía y su aplicación, tres comunidades incurren en el grado más alto de «intervencionismo». Se trata de los Ejecutivos catalán, balear -que ha variado su tendencia tras el último cambio de poder político en el archipiélago- y valenciano, que se distinguen por «legislar reiteradamente de manera muy restrictiva, fijando fuertes restricciones a la implantación de grandes superficies y/o la apertura en días festivos». Otras cuatro autonomías -Aragón, Asturias, Murcia y La Rioja- han legislado con restricciones menos importantes en materia de apertura de nuevos centros comerciales. A su vez, ocho comunidades -Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Castila y León, Extremadura, Galicia, Navarra y País Vasco- no han establecido sus propias leyes en materia comercial, o si lo han hecho, ha sido fijando unas restricciones «mínimas». Por último, en Cantabria apenas ha habido legislación en comercio interior y en la comunidad de Madrid el índice de intervencionismo es «muy bajo».