Moratorias y recursos

Si se toman aspectos concretos del intervencionismo regional, las comunidades autónomas se muestran claramente divididas en dos bloques respecto al activismo judicial. El primero lo formarían aquellos Gobiernos autonómicos que han recurrido al TC el real decreto de liberalización de horarios aprobado por el Ejecutivo central en el 2000 (cuya moratoria vence el 1 de enero del 2005), mientras el segundo estaría integrado por los que han respetado esa norma, que coinciden con los territorios donde gobierna el PP. A su vez, las tres regiones más intervencionistas son las más propensas a emitir moratorias a la instalación de grandes superficies (en general, de duración mayor a un año), mientras que diez de ellas no han decretado nunca una medida de ese tipo. Son medidas legislativas se han visto «reforzadas», según los autores del informe, por un uso «discrecional» de las mismas, al aplicar moratorias de facto o establecer «excepciones» a la limitación de apertura en días festivos. Baleares y la Comunidad Valenciana son las más restrictivas en materia de horarios, al abrir el mínimo que recoge la normativa estatal e incluso limitar la apertura en festivos a aquellos que resulten menos «atractivos» para el comercio.