La CE, dispuesta a dar la moratoria para justificar las ayudas al carbón

La Comisión Europea aclaró ayer que las investigaciones abiertas a países, entre ellos España, por ayudas a la industria del carbón «no prejuzgan la decisión final» sobre su compatibilidad con la legislación de la UE. El Ejecutivo comunitario publicó un comunicado, tras las «informaciones contradictorias y faltas de fundamento» aparecidas en la prensa, en el que recuerda las normas aplicables a las ayudas a la industria del carbón en la Unión Europea, donde los únicos productores han sido hasta la reciente ampliación España, Alemania, Francia y Gran Bretaña, según recoge la agencia Efe. La nota recuerda que Bruselas «anunció públicamente» el pasado 30 de marzo que iba a examinar si el plan de reestructuración, por valor de 5.000 millones de euros, para la industria hullera en el periodo 2003-2005, que «España notificó a la Comisión es compatible con el Tratado». La Comisión Europea debe examinar qué parte de la ayuda se destina a la reducción de la actividad y cuál al mantenimiento del acceso a las reservas hulleras, así como estudiará los criterios que las empresas deben cumplir para beneficiarse de esos apoyos. Además, verificará si las condiciones establecidas en las decisiones anteriores de Bruselas sobre las ayudas a las empresas del carbón serán respetadas. «Este procedimiento es normal y sin perjuicio de la decisión final», señala la nota, que agrega que el país tiene que aportar en los plazos requeridos todos los elementos de información, «sin emplear ninguna fórmula dilatoria para escapar a sus responsabilidades». Además, «como siempre, el Estado concernido puede pedir plazos suplementarios y defender su posición», señala la nota. El Ejecutivo comunitario subraya que «los plazos seguidos para este procedimiento son los habituales» y agrega que toda petición de prolongación, «será considerada y debería ser aceptada si los motivos lo permiten». En febrero de 2003, la Comisión Europea decidió «no formular objeción a las subvenciones» por valor de 1.600 millones de euros que España concedió durante los años 1999 y 2001 a la sociedad Hunosa, recuerda el comunicado. El régimen de ayudas para el periodo 2003-2005 se eleva a 5.000 millones de euros, está destinado a sostener las empresas carboneras españolas mientras prosigue la reestructuración del sector. Conforme a ese plan, las empresas «deberían recibir» un ayuda para la reducción de la actividad, otra para el acceso a las reservas hulleras y otra para cubrir los gastos excepcionales resultado de la reestructuración. Dicha ayuda «debería contribuir a asegurar la viabilidad de esas unidades que producción que podrán así continuar su actividad más allá de 2002 sin subvenciones públicas», añade la Comisión Europea en su nota. También participó Solbes La Comisión también señala que la decisión de investigar las ayudas concedidas al carbón español fue tomada por unanimidad el pasado día 30 de marzo, por lo que tanto la comisaria de Energía, Loyola de Palacio, como el por entonces comisario de Economía, Pedro Solbes, en la actualidad ministro de Economía, aceptaron la medida, informa Europa Press. En esta misma línea, fuentes de la Comisión insistieron en que la decisión fue «unánime» y en que no se opuso ningún comisario, ni Palacio ni Solbes. Además, las mismas fuentes aseguran que las investigaciones de este tipo no sólo afectarán a España, ya que en las próximas semanas se va a abrir un procedimiento contra Alemania por motivos similares. En este sentido recalcan desde Bruselas que el procedimiento permite a todas las partes expresarse. Cualquier petición de prolongación de plazos, dice, será considerada y aceptada «si las motivaciones lo permiten».