España deberá justificar ante la UE la gestión?de fondos de formación

El Ministerio de Trabajo tendrá que justificar ante la UE el uso que dieron las comunidades autónomas a 500 millones de euros del Fondo Social Europeo (FSE) entre los años 2000 y 2002. Bruselas sólo reconoce como interlocutor al Gobierno central, que será el responsable de reunir la documentación de las regiones españolas y presentarla ante la Comisión Europea antes de que finalice el próximo mes de octubre. Fuentes del departamento que dirige Jesús Caldera explican que «Bruselas ha detectado una serie de deficiencias contables sobre una gestión que no compete a la Administración central sino a los Gobierno autonómicos». Ante esta situación, el ministerio ha creado un equipo de trabajo para coordinar los informes aclaratorios que envíen las diferentes comunidades. La filosofía El Fondo Social Europeo (FSE) es uno de los principales pilares de los llamados fondos estructurales, destinado específicamente a cofinanciar con la Administración española medidas para solucionar problemas de empleo en las áreas que más lo necesitan. En los últimos cuatro años, España ha recibido más de 2.800 millones de euros procedentes de la UE para corregir desequilibrios en el mercado laboral. Dentro de esa cantidad se incluyen los 500 millones en fondos de formación ocupacional cuya gestión, desarrollada por las comunidades, no está debidamente justificada. Los fondos de formación constituyen una inagotable vía de problemas para las Administraciones públicas, los sindicatos y las organizaciones patronales. En abril del 2001, el Tribunal de Cuentas presentó un demoledor informe en el que hizo saltar la alarma sobre la gestión fraudulenta de los fondos de formación. Por si esto fuera poco, la Brigada de Investigación Económica y Financiera de la Policía, adscrita a la Seguridad Social, ha presentado hace poco un informe cuyas conclusiones apuntan en el mismo sentido. Tras realizar un muestreo sobre el 5% de los cursos del Inem subvencionados por la Unión Europea en el año 2001 se concluyó que exis-tían irregularidades en el 95% de los mismos. Ciudad Real, Valencia, A Coruña y Cádiz fueron las provincias españolas en las que se encontraron mayores indicios de fraude. Por otra parte, a finales del 2002, Teresa Palacios, tenía indicios de que al menos 36.000 de las 228.000 empresas que recibieron fondos de la UE para la realización de cursos ni siquiera existían. Así, en unos casos puede haberse aumentado de forma artifical el número de alumnos para recibir más ayudas, no haber impartido el curso o que la propia entidad ni siquiera exista y naciera de forma exclusiva para poder cobrar la ayuda.