Ministerio y agricultores pactan las ayudas por la subida del gasóleo

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) formalizarán hoy el acuerdo sobre las ayudas que concederá el Gobierno para paliar la subida del gasóleo sobre la actividad agraria alcanzado el pasado viernes. La ministra Elena Espinosa y el secretario general de la organización agraria, Lorenzo Ramos, suscribierán ayer en la sede del ministerio un acuerdo que «beneficia a la mayoría de los agricultores y ganaderos», según UPA. La comisión ejecutiva federal de la organización agraria indicó la semana pasada que el Mapa mantiene en su propuesta todos los puntos acordados en la reunión del pasado 28 de octubre, e incorpora algunas de las peticiones de Upa. Sin tope de litros Concretamente el ministerio incluye la eliminación del tope máximo de litros de gasóleo susceptible de recibir una ayuda directa de seis céntimos por litro que se había establecido en 3.000 euros por agricultor, medida que permitirá agotar el presupuesto asignado de 63 millones de euros. Además, la UPA acogió favorablemente que las desgravaciones para el gasto efectuado en la compra de gasóleo se fijen en el 35 por ciento, y que se establezcan en el 15 por ciento las desgravaciones para el gasto efectuado en la compra de fertilizantes y de plásticos. Esta nueva propuesta de la Mapa ha originado que la organización agraria haya desembocado su movilización prevista para el día 20. Asimismo, La UPA realizó un llamamiento al resto de organizaciones agrarias para que abandonen su calendario de manifestaciones. No obstante, la organización agraria incidió en la necesidad de poner en marcha de manera inmediata una mesa de seguimiento de este acuerdo, que permita estudiar la evolución de los precios de los carburantes, para poder actuar de manera más rápida en casos de crisis de precios. En el marco de este consenso, el resto de las organizaciones agrarias (Asaja y Coag) y las cooperativas del sector, que ya rechazaron la propuesta plantada por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación el pasado 28 de octubre, no se han adherido todavía a la propuesta aceptada por UPA. El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, afirmó ayer que el futuro pasa por «suavizar los incentivos fiscales», y apuntó la necesidad de «reflexionar» sobre si los planes de pensiones deben primar sobre otras alternativas de ahorro que persigan el mismo objetivo. Así, durante el acto inaugural de una jornada sobre seguros de vida y planes de pensiones organizada por Winterthur, dijo que el nuevo modelo fiscal e IRPF del Ejecutivo «irá en la línea de otros países» de bajar la tarifa y «suavizar» los incentivos fiscales para eliminar el «dirigismo del Gobierno» y dejar que «cada uno haga lo que considere con su dinero». De este modo, añadió, los individuos, sindicatos y empresarios buscarán las fórmulas que les resulten más rentables sin que el Gobierno les indique si deben comprarse una casa o abrirse un plan de pensiones. En opinión de Fernández Ordóñez, «si esto no fuera así» se produciría una «asignación insuficiente» de recursos dado que éstos se otorgarían vía incentivo fiscal y no mediante rentabilidad financiera. Además, precisó que las cifras indican que los incentivo fiscales son «notablemente más utilizados» por las rentas más altas, lo que calificó de «injusticia» frente a las más bajas. «Lo que tenemos que hacer es avivar el ingenio para ver cómo podemos tocar otras teclas», es decir, explicó, estudiar el marco regulador y la forma de «retirar obstáculos» para, en el marco de la negociación colectiva, crear algo que permita y estimule la previsión social complementaria. En este sentido, recordó que en el 2005 Hacienda dejará de recaudar un montante total de 1.356 millones de euros por las aportaciones a sistemas de previsión social, cantidad que supera los presupuestos de los Ministerios de Asuntos Exteriores o de Justicia. El grupo Auna presentó ayer una oferta de compra por la totalidad de las acciones de la operadora de cable ONO por un montante de 2.400 millones de euros. Según los términos de la oferta, Auna pagará 1.050 millones de euros en efectivo por las acciones de ONO, mientras que los restantes 1.350 millones de euros se destinarán a asumir la deuda de ONO con las entidades financieras. La fusión de Auna y ONO, las dos compañías que se reparten el negocio del cable en España, es una operación de la que se habla desde hace tiempo. Al respecto, los máximos responsables de ambas empresas siempre han insistido en que se trata de una operación que terminaría por llevarse a cabo, aunque la habían situado a fines del 2005. Así, el presidente de Auna había manifestado de manera reiterada que la fusión del holding de telecomunicaciones con ONO se produciría cuando las dos empresas estuvieran «en maduración completa», circunstancia que se daría, a su juicio, a finales del 2005. Además, el presidente de Auna también matifestó que la salida a bolsa del grupo tendría lugar antes de la eventual fusión con ONO, al tiempo que señalaba que la integración de ambas compañías es una operación que se «plantearía permanentemente» hasta que puediera hacerse.