Los municipios llevan al Gobierno ante los tribunales por el IAE

Los ayuntamientos cumplirán su amenaza de los últimos meses, y llevarán al Gobierno ante los tribunales por las «escasas» compensaciones que, a su juicio, reciben del Gobierno tras la eliminación del impuesto de actividades económicas (IAE) en el 2003. Así lo decidieron ayer la comisión ejecutiva y el consejo federal de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que acordaron presentar una reclamación económica contra el Estado por valor de 300 millones de euros, cifra que las corporaciones dicen haber dejado de recaudar tras ese ajuste fiscal. Ese dinero es, en realidad, la diferencia entre la merma que los miembros de la FEMP dicen haber sufrido en sus arcas y los 611 millones de euros que les ofreció el Ministerio de Economía y Hacienda a finales de junio, a cuenta del primer año tras la práctica desaparición del IAE, que afecta a 7.639 entidades locales. Más de una tercera parte de los fondos reclamados al Ejecutivo corresponden a municipios catalanes, cuya federación fue la primera en promover la vía de la justicia ordinaria hace dos meses y medio, al considerar que apenas habían percibido la mitad de lo que han dejado de ingresar. La demanda ante los tribunales, que se formalizará a principios de enero ante los tribunales económico-administrativos, consistirá en una «reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado legislador», por «incumplimiento» del acuerdo de compensación suscrito por el Gobierno anterior tras la eliminación del IAE, que se referencia con los ingresos obtenidos en 2000. Pero ese gravamen no ha desaparecido para todos (la medida beneficia al 92% de sus contribuyentes), de modo que unas 300.000 empresas aún lo pagan, y además más que el año pasado pues se le ha subido la cuota. «Engañados» Francisco Vázquez, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, criticó con dureza al Ministerio de Economía y Hacienda, por lo que considera «un engaño» respecto a las promesas ratificadas en la reunión que ambas partes mantuvieron el pasado 10 de junio. Las corporaciones locales esperaban remediar la situación en el Senado (después de que en el Congreso sólo fueran apoyados por los grupos minoritarios), dentro del trámite de enmiendas parciales a los Presupuestos del Estado para 2005, pero el reciente rechazo del texto gubernamental ha cerrado esa posibilidad. Desde la dirección de la FEMP se reprocha a Hacienda que no les hayan dado «ni una sola explicación», ni se hayan mostrado más receptivos al diálogo. Por este motivo, Vázquez pedirá en breve una entrevista con la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. En cualquier caso, la vía de la justicia seguirá su cauce, pues la Federación ha dejado libertad a sus distintas organizaciones territoriales para, al margen de la reclamación ante el tribunal económico central, ellos presenten los recursos oportunos en sus jurisdicciones regionales correspondientes.