España acumula diez puntos más de inflación que Alemania con el euro

Desde que nació el euro, España ha acumulado un alto diferencial de inflación respecto a los más desarrollados socios de la Unión Monetaria. Entre 1999 y el 2004, los precios habían subido en España el 18,9%, diez puntos más que en Alemania, ocho más que en Francia y nueve más que en Austria o Finlandia, y casi siete más que en el conjunto de la zona euro. Esta brecha, y el desfase tecnológico español, explican que, con una divisa común fuertemente revalorizada respecto al dólar, y soportando igualmente el encarecimiento del petróleo, Alemania siga ocupando posiciones de liderazgo mundial con sus exportaciones, mientras el crecimiento de España se ve lastrado por el deterioro de su sector exterior y productos tradicionales pierden cuota en los mercados internacionales. Si hasta tiempos recientes una parte del diferencial de inflación podía estar justificada por un mayor crecimiento, la recuperación de las economías europeas restará esta ventaja relativa en cuanto se afiance. De hecho, el diferencia de inflación de España con la Unión Monetaria ya supera desde hace meses al de expansión de la actividad. Para hacer frente a la pérdida de competitividad derivada de la evolución de los precios y de otros factores, el Gobierno prepara una batería de medidas liberalizadoras que podría dar a conocer este mismo mes. El Ejecutivo del PP tomó una iniciativa similar -las 52 propuestas enunciadas por Rodrigo Rato en junio del 2000-, y ahora toca, además, realizar un análisis del éxito o fracaso de aquellas propuestas para, si procede, corregir su rumbo. 1397124194 Vivienda y energía El paquete afecta sobre todo a sectores regulados -energía, telecomunicaciones- o bajo influencia indirecta de los poderes públicos, como la vivienda. Hay medidas de inmediata aplicación y otras, como la desregulación plena de las tarifas telefónicas o el desarrollo del mercado eléctrico, que llevarán su tiempo. En el inmobiliario, por otra parte, el margen de maniobra es estrecho, porque las competencias sobre el suelo -que representa el 60% del importe de la vivienda- recaen en última instancia en los ayuntamientos. Desde el Estado se va a promover transparencia en la información sobre las condiciones y evolución de los préstamos hipotecarios, el abaratamiento de los costes de constitución de las hipotecas y una rebaja de los costes financieros en el cambio de operaciones (tipo variable a fijo, traslado a otra entidad). El sector eléctrico se va a embarcar en breve en un importante cambio del marco regulador. Aunque está plenamente liberalizado desde el 1 de enero del 2003, la competencia se abre camino muy lentamente por la concentración del negocio en unos pocos operadores y por las escasas ventajas que se ofrecen a los consumidores residenciales. El Libro Blanco de la generación, encargado a un experto independiente, debe aportar ideas para que funcione de forma efectiva el mercado mayorista. Si un comercializados compra más barato, podrá trasladar mejores ofertas a los clientes finales. Telecomunicaciones Algo parecido debiera ocurrir en las telecomunicaciones. Para fomentar la competencia en telefonía fija, se suprimirá el régimen de precios máximos ('price cap') de Telefónica, algo que ya debiera haber sucedido este año 2005 y para lo que se está a la espera de que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones concluya una serie de estudios sobre cada uno de los segmentos de actividad (fijo, móvil, internet...). Este órgano regulador está en plena confrontación con el ministerio de Industria por el traslado de la sede a Barcelona, lo que no ha facilitado las relaciones ni la ejecución de los encargos. Pese a que el Gobierno ha mantenido el control administrativo sobre los precios de la operadora, la cuota de Telefónica en telefonía fija no baja del 80%, y el verdadero negocio se está desplazando a los servicios de valor añadido. Por eso, entre las iniciativas del plan de mejora de la competitividad figura la plena liberalización de los precios mayoristas del ADSL, la conexión rápida a internet por vía convencional. De los 2,5 millones de usuarios de esta tecnología -una cifra que está creciendo a fortísimo ritmo-, la gran mayoría han contratado el servicio con Telefónica, que aplica el más elevado precio del mercado. Liberalización de precios El Gobierno cree que dejando libertad de precios en todos los casos, la competencia se abrirá camino. También contribuirá a ello el desarrollo del cable, que ahora mismo proporciona acceso rápido a internet a otro millón de usuarios. Los reglamentos y órdenes ministeriales que lo harán posible tienen que ver la luz en los próximos meses. Las liberalizaciones podrían incluir igualmente medidas comerciales, como las anunciadas por el ministro Solbes, sobre la distribución en sectores intervenidos, por ejemplo, el del tabaco, con el fin de rebajar los precios. El Gobierno confía, finalmente, en que las reformas emprendidas en los órganos de vigilancia y defensa de la competencia produzcan efectos positivos a medio plazo. El Tribunal de Defensa de la Competencia va a integrar los servicios, hasta ahora dependientes del ministerio de Economía, con lo que se espera resulte reforzado. El nuevo TDC podrá iniciar investigaciones sobre sectores bajo sospecha para analizar si existe concentración excesiva o se desarrollan prácticas lesivas para la competencia. También se espera que de suficiente publicidad a sus análisis. Si se cumplen los compromisos adquiridos, el tribunal debiera desempeñar sus funciones con independencia del Ejecutivo y plena transparencia.