Los trabajadores sin convenio podrán acogerse a otro acuerdo

Más de 2.650.000 trabajadores, el 21% de los asalariados, que carecen de convenio colectivo propio podrán acogerse a otro vigente en su ámbito de actividad, según el Real Decreto aprobado este viernes en el Consejo de Ministros. La medida, conocida como «extensión de convenios», responde a una reivindicación permanente de los sindicatos, apoyada en ocasiones por CEOE. Así, dada la insistencia de CC.OO. y UGT, el Gobierno decidió incorporarla a la primera mesa de diálogo social, constituida en la presente legislatura. La extensión pretende subsanar la ausencia de normas colectivas en determinadas áreas, en las que la negociación no es posible por inexistencias de representantes institucionales, ya sea por parte de los empleadores como de los empleados. El Ejecutivo hace hincapié en que la norma no sustituye en ningún caso la autonomía de los interlocutores legitimados para la negociación de un convenio colectivo. La aplicación del acuerdo correspondiente, relacionado forzosamente con la actividad a cubrir, será competencia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, siempre que la labor desarrollada sea de ámbito estatal o implique a más de una comunidad. Si se trata de un trabajo ubicado únicamente en un territorio, es el órgano autonómico el que tendrá que ampliar la cobertura. Nueve meses En resumen, supone un beneficio para todos aquellos trabajadores que carecen de un regulación específica, porque siempre los convenios superan los mínimos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores. Sobre todo, para los contratados en empresas pequeñas. Cuando el PSOE llegó a la Moncloa y el presidente, Rodríguez Zapatero, firmó con los máximos responsables de las patronales y de los sindicatos, la declaración en pro del diálogo social, todas las partes acordaron iniciar la negociación con tres materias, consideradas en principio no problemáticas. Las cuestiones a acometer consistían en llevar a los convenios la jubilación forzosa a los 65 años de edad; en trasponer a la legislación española la directiva europea sobre el Estatuto de Sociedades Anónimas, para regular la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa; y el decreto de extensión.