Vivienda sólo financió un 25% de los alquileres previstos en el Plan de Choque Caldera afirma que su prioridad es acabar con el empleo temporal

Las ayudas directas a inquilinos y arrendadores contempladas en el Plan de Choque aprobado hace ahora un año y concebidas para elevar el raquítico porcentaje de casas en alquiler en España han quedado deslucidas. De las 31.000 subvenciones a fondo perdido anunciadas para el ejercicio del 2004, el Ministerio dirigido por María Antonia Trujillo ha financiado menos de 7.646, un 25% del total. La razón del escaso éxito, aseguran fuentes del gabinete de la ministra, ha sido lo «novedoso» de la medida y la lentitud de algunas autonomías para incorporar a sus legislaciones los cambios precisos para que los ciudadanos puedan acogerse a ella. España sufre uno de los ratios más bajos de Europa en cuanto a pisos en arrendamiento. Según los últimos datos oficiales, no existe más de un 6% de casas en este régimen, frente a una media comunitaria del 30%, con valores que llegan a superar el 60% en algunos de los países bálticos. Ante esta «fotografía», Trujillo centró sus primeros esfuerzos en potenciar las fincas en renta, para lo que introdujo en su Plan de Choque unas ayudas directas tanto para que los propietarios rehabilitaran sus casas y las pusieran en alquiler, como para que los menores de 35 años se beneficiaran de un complemento a los pagos mensuales. Las cantidades: hasta 6.000 euros para los dueños de los pisos, y hasta 2.880 euros al año (con un límite de dos años) para quienes quisieran entrar a vivir en ellos. Objetivos Los objetivos que se marcó el Ministerio, en coordinación con las comunidades autónomas, fueron 15.000 ayudas para los propietarios y otras 16.000 para los inquilinos. El grueso del programa iba destinado a Andalucía, Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana en una clasificación que cerraba Ceuta, con sólo 31 subvenciones previstas. A este proyecto se destinaron 180 millones de euros, distribuidos casi al 50% entre inquilinos y propietarios, en un acuerdo que se firmó el 15 de noviembre del 2004. Desde esa fecha, las regiones que no contaran con legislación propia al respecto debían adecuar sus normativas. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, afirmó, en declaraciones a la SER, que el Gobierno tiene la reducción de la tasa de temporalidad como su «hoja de ruta», y aseguró que las pensiones están «más garantizadas que nunca». Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada el viernes, la tasa de paro en el segundo trimestre alcanzó niveles europeos, al situarse en el 9,33%, cifra que no se conseguía desde 1979, pero, por otra parte, uno de cada tres empleos es temporal. En una entrevista con la cadena SER, el ministro de Trabajo afirmó que la alta tasa de temporalidad es una «importante preocupación» del Gobierno. Según Caldera, el Gobierno esperaba que en este trimestre se produjera un crecimiento en la temporalidad por el proceso de legalización de trabajadores extranjeros, puesto que una parte importante de su trabajo se concentra en actividades estacionales, como agricultura, construcción y hostelería (el incremento fue desde el 31% del primer trimestre, al 33%). Caldera dijo que la temporalidad en España tiene también otro componente, relacionado con la rotación, y señaló que, según datos de la Seguridad Social, el 95% de los afiliados cotiza durante todo el año, lo que significa que lo hace con el encadenamiento de sucesivos contratos temporales. De esto, añadió, se derivan situaciones como la de los trabajadores que son despedidos en los meses estivales para una posterior contratación pasado el periodo vacacional, motivo por el que aumentó el desempleo en agosto el pasado año. Campos de batalla Caldera afirmó que «esta cultura es la que hay que combatir, porque es la que impide a los jóvenes que hagan un proyecto de vida», e incidió en que es «donde hay que centrar el impulso del diálogo social, que se continuará en septiembre». Así, el ministro manifestó la necesidad de combinar la flexibilidad en el mercado laboral -que de confianza a los empresarios para poder pasar del contrato temporal al indefinido-, y la seguridad, a través de la modificación de la normativa de contratación para evitar estos «abusos». En cuanto a la inspección de trabajo para detectar fraudes en la contratación de inmigrantes de forma irregular, afirmó que se han dado «pocos casos», pese a que se ha reforzado la inspección (este año se van a realizar casi 500.000 inspecciones), y anunció que a partir de ahora cada año convocará cien nuevas plazas para investigar la economía sumergida. En cuanto a las prejubilaciones, manifestó que no hay que «despilfarrar» el capital humano y hay que dejarlas sólo para casos de crisis.