Evo Morales da a Bolivia el control absoluto de los hidrocarburos

El presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma firmó este lunes la nacionalización «definitiva» de los hidrocarburos, lo que deja al país el «control absoluto» sobre esos recursos. Las multinacionales deberán entregar su producción al estado, que se responsabilizará de su comercialización, y dispondrán de 180 días para alcanzar un nuevo convenio o abandonar el país. La fórmula para hacerse con el control ha sido la «confiscación» de acciones de manera que el estado, a través de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se quede con el 51% de todas las empresas mixtas. Esta medida afecta a Andina, la filial de la hispano-argentina Repsol YPF, y al resto de compañías extranjeras. La brasileña Petrobrás, las británicas Bristish Gas y British Petroleum, la franco-belga Total Fina Elf, operan en Bolivia. Y tienen inversiones las estadounidenses Panamerican Energy y Exxon Mobil, la argentina Pluspetrol, la Canadian Energy y la coreana Dong Wong. Bolivia posee 48,7 billones de pies cúbicos de gas, la segunda reserva del continente después de Venezuela, que tiene el triple. La rúbrica de la nueva disposición, el decreto Supremo número 28.701 tuvo lugar en el Campo de San Alberto, la principal zona gasífera de la nación que se localiza en Carapari, a unos 100 kilómetros al sur de la ciudad de Tarija, y que opera la empresa brasileña, durante uno de los tres actos organizados para conmemorar el primero de mayo. «Se acabó el saqueo de nuestro recursos naturales por empresas extranjeras», dijo Morales después de leer el decreto. Y añadió que esta era la «tercera y definitiva» nacionalización del gas recordando que la primera fue la estadounidense Standard Oil en 1937 y la segunda en 1969 cuando se tomó la misma medida con la Gulf Oil, de la misma nacionalidad. Por sorpresa Las empresas extranjeras deberán entregar toda su producción a la estatal YPFB que será la encargada de distribuirlo en el mercado nacional y de su exportación. El 70 % de la producción de los campos de San Alberto y Sabalo se dedicaba a la exportación. Tras este decreto, el 82% deberá ser entregado a YPFB que ingresará en las arcas del estado unos 272 millones de euros adicionales en el próximo ejercicio. Aunque desde antes de ganar las elecciones el pasado 18 de diciembre y de asumir el gobierno tres meses atrás, Morales había insistido en que nacionalizaría «todos los recursos naturales», desde los hidrocarburos o la minería, el anuncio realizado este lunes al mediodía mediante un comunicado de la Jefatura del Estado fue una sorpresa entre los expertos en temas bolivianos. El anuncio se produjo menos de 24 horas después de haber participado en La Habana en una ceremonia para sellar el ingreso de Bolivia en la alianza de izquierda Alternativa Boliviariana para las Américas (Alba) impulsada por los presidentes de Cuba, Fidel Castro y Venezuela, Hugo Chávez. Morales explicó que integrantes del batallón de ingenieros de las Fuerzas Armadas y funcionarios de la petrolera estatal ocuparán todos los campos y pidió a sus compatriotas movilizarse ante «cualquier intento de sabotaje de algunas empresas». A las multinacionales les pidió una sóla cosa: «que respeten la dignidad de los bolivianos, que respeten esta decisión del pueblo boliviano. Si no respetan, nos haremos respetar a la fuerza, porque se trata de respetar los intereses de un país», dijo. Los principales puntos del decreto del Gobierno de Bolivia por el que se nacionalizan los hidrocarburos del país son los siguientes: -El Estado recupera la propiedad, la posesión, el control total y absoluto de todos los hidrocarburos. -A partir del 1 de mayo del 2006 las empresas petroleras que actualmente realizan actividades de producción de gas y petróleo están obligadas a entregar la propiedad a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). -YPFB, en representación del Estado, asume su comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y precios, tanto para el mercado interno, la exportación y la industrialización. -Sólo podrán seguir operando en el país las compañías que acaten inmediatamente las disposiciones del decreto de nacionalización, hasta que en un plazo no mayor a 180 días se regularice su actividad mediante nuevos contratos. -Las compañías que no hayan firmado nuevos contratos no podrán seguir operando en el país. -Para garantizar la continuidad de la producción, YPFB tomará a su cargo la operación de los campos de las compañías que se nieguen a acatar o impidan el cumplimiento de lo dispuesto en el decreto. -Durante el período de transición (180 días), el valor de la producción se distribuirá de la siguiente manera: 82% para el Estado y 18% para las compañías, porcentaje que cubre el costo de operación, amortización de inversiones y utilidades, según el presidente Morales. -El Ministerio de Hidrocarburos determinará mediante auditorías, las inversiones realizadas por las compañías, así como sus amortizaciones, costo de operación y rentabilidad obtenida en cada campo. Los resultados servirán de base a YPFB para determinar la retribución o participación definitiva correspondiente a las compañías en los nuevos contratos. -El Estado recupera su plena participación en la cadena del sector de hidrocarburos. «Se acabó el saqueo de nuestro recursos naturales por empresas extranjeras» EVO MORALES Presidente de Bolivia Antes del golpe dado ayer por el Gobierno de Evo Morales a la empresa hispanoargentina Repsol YPF y a su filial boliviana, Petrolera Andina, la firma ya había recibido otras tres estocadas. Una fue en enero. Antes de estrenar despacho, el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, anunció la inscripción a nombre del Estado de las reservas que Repsol tenía en diversas bolsas interna-cionales. La otra fue la denuncia de la Aduana Nacional de Bolivia de que Petrolera Andina había contrabandeado con petróleo entre junio del 2004 y junio del 2005. En este caso, que saltó en febrero pasado, los inspectores detectaron una importante diferencia entre los barriles exportados y los declarados por Andina, que representan un valor de algo de más de nueve millones de dólares. Dos directivos de Andina, el español Julio Gavito, que renunció a su cargo, y el argentino Pedro Sánchez, se encuentran en libertad bajo fianza y la prohibición de abandonar el país por este caso. En abril, la Fiscalía boliviana intervino una planta de adecuación de Repsol en el campo gasífero Margarita, el mayor de Bolivia, bajo la acusación de contrabando, en medio de protestas de inocencia de la empresa. En esta ocasión el controbando era, según el Gobierno de Bolivia, por importar de modo ilegal un equipo para el campo de gas. La empresa anunció una demanda a la mediadora que lo compró. El campo de Margarita tiene unas reservas de 10,5 billones de pies cúbicos de gas natural, y su producción va principalmente a Brasil y Argentina. Bolivia tomó una medida similar en dos ocasiones anteriores, en 1937 y 1969. La primera nacionalización se registró durante el gobierno del teniente coronel German Busch, tras el choque bélico que libraron Bolivia y Paraguay entre 1932 y 1935, enfrentamiento conocido como «la guerra del petróleo». La segunda durante la administración del general Alfredo Ovando Candia, quien expropió las concesiones de la también estadounidense Gulf Company.