La Justicia anula la detención de los directivos de Repsol en Bolivia

El conflicto judicial que vive la petrolera hispano-argentina Repsol YPF en Bolivia desde el año pasado tuvo ayer un hito a favor de la compañía al anular el Tribunal Constitucional la detención que sufrieron sus dos principales ejecutivos. El alto tribunal declaró procedente un recurso de hábeas corpus presentado por la compañía y nulas las órdenes de aprehensión emitidas hace dos meses contra el ex presidente de la filial boliviana de Repsol YPF, el español Julio Gavito, y su gerente de operaciones, el argentino Pedro Sánchez. Ambos están imputados por la Fiscalía boliviana por un presunto contrabando de petróleo y llegaron a estar detenidos y posteriormente liberados en marzo pasado, lo que causó tensiones en las relaciones entre los gobiernos de Madrid y La Paz. A esa situación se sumó la semana pasada la nacionalización de los hidrocarburos decretada por el presidente, Evo Morales. El Estado boliviano asumió el control del sector petrolero y el 51 por ciento de cinco empresas, entre ellas Andina, filial de Repsol. Ayer, el gobierno de Evo Morales designó a 30 fiscalizadores estatales en la administración de las filiales de petroleras de España, Gran Bretaña, Brasil y Estados Unidos, en el marco del proceso de nacionalización de hidrocarburos iniciado a principios de mes. A través de la empresa estatal de petróleos YPFB, el presidente boliviano nombró a 25 directores y 5 síndicos en las filiales de la compañía española Repsol-YPF, la británica British Petroleum, la brasileña Petrobras y la estadounidense Shell Enron. La medida ha sido adoptada en empresas en las que el Estado boliviano tiene participación en el capital a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), de acuerdo con la ley que rigió entre 1993 y 1997 la capitalización (privatización parcial) de la mayor parte de las empresas estatales bolivianas, incluidas las estratégicas.