La Comisión de la Energía defiende el uso del carbón
La tarifa eléctrica que aprobará el Ministerio de Industria se acercará al máximo a los costes, o al menos esa es la propuesta que formulará la Comisión Nacional de la Energía. Su presidenta, Maite Costa, defendió ayer en Madrid que «cuanto más próxima esté la tarifa al precio, el conjunto del país saldrá ganando, porque disminuirá el despilfarro y nos veremos obligados a avanzar en el desarrollo tecnológico y en la conformación de la adecuada composición de la generación eléctrica». Costa comentó que el precio del petróleo o de otros productos energéticos no va a reducirse sustancialmente. En el caso de España, afirmó que la CNE «considera muy importante que se mantenga el carbón», porque hoy existen tecnologías muy avanzadas que reducen la contaminación y las emisiones. Circunscribió el debate sobre la energía nuclear a los ámbitos profesionales y técnicos, por considerar que «no es una urgencia de muy corto plazo la rápida sustitución del crudo», y recordó que la generación eólica, una alternativa que ha experimentado fuerte desarrollo, «ha de tener compañeros de juego, necesarios cuando no hay viento». Revisión Costa explicó que la Comisión de la Energía trabaja en la revisión general del modelo eléctrico, y expresó la preocupación del regulador por atenuar el déficit tarifario que, de no haber mediado el decreto del pasado marzo, hubiera ascendido en el actual ejercicio a 6.000 millones de euros. Tras reconocer el carácter transitorio de la nueva normativa del mercado mayorista, Costa ratificó que el futuro modelo resaltará la importancia de los mercados a plazo y los contratos bilaterales, y anunció que el mercado ibérico de la electricidad (Mibel) podrá crearse en el plazo finalmente previsto, el mes de julio de este año. Si el Mibel ha superado los escollos, precisó, Europa no ha sido capaz de desarrollar un mercado de energía en ausencia de interconexiones. Y recordó que los intercambios eléctricos de España (importaciones-exportaciones) apenas alcanza el 4% de la capacidad instalada. «Es un nivel propio de un mercado autárquico de los años cuarenta, y en modo alguno responde a las condiciones de un mercado abierto», zanjó.