El Estatuto del Empleado Público que recoge el derecho a la negociación colectiva
Parte del sueldo de los funcionarios dependerá de su rendimiento
La norma afecta a 2,5 millones de trabajadores y las comunidades fiján las retribuciones
Sistema retributivo vinculado a la productividad, derecho a la negociación colectiva, desarrollo de una auténtica carrera profesional, posibilidad de convertir 650.000 plazas temporales en indefinidas y jurados técnicos y profesionales para las pruebas de acceso son algunos de los principios recogidos en el borrador de Estatuto Básico del Empleado Público acordado este miércoles entre Gobierno, CC.OO., UGT y CSIF. La norma, asignatura pendiente de la democracia, afecta a 2,5 millones de trabajadores. Deja fuera de su cobertura a los colectivos que se rigen por leyes orgánicas como Fuerzas Armadas, Cuerpos de Seguridad o Administración de Justicia, y a otros muy singulares como notarios o registradores de la Propiedad. El documento «tiene todavía un largo recorrido» en palabras del titular de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, quien prevé su entrada en vigor a principios de 2007. Los pasos a seguir se resumen en obtener el visto bueno del Gobierno, negociarlo con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos y llevarlo al Parlamento. «El resultado final no se diferenciará mucho del acordado hoy», dijo el ministro. En 1998, cuando Ángel Acebes ocupaba la cartera ministerial, hubo otro borrador consensuado. Sin embargo, luego no prosperó y la legislatura terminó sin que el Estatuto de la Función Pública, como se llamó entonces, viera la luz. Sevilla insistió en que el Estatuto de ahora garantizará «por primera vez unos mínimos homogéneos que harán diferente al empleado público del privado, y el disfrute y cumplimiento, entre todos los empleados públicos de las distintas administraciones, de unos derechos y deberes comunes». Así, la norma convertirá «la función pública en eficaz, objetiva e imparcial, regida por la profesionalidad». Reconoció que el texto «marca objetivos a los empleados públicos y mide su cumplimiento para lo bueno y para lo malo», es decir, habrá penalizaciones en caso de bajo rendimiento y «sueldos más dignos para el mejor desempeño».