El Congreso insta a las empresas a prevenir los riesgos de la globalización

Las grandes empresas deberían prevenir los efectos que las fusiones, deslocalizaciones, absorciones y reestructuraciones laborales podrían tener sobre sus empleados. Esta es una de las recomendaciones que han recibido del Parlamento y que, a diferencia de ocasiones anteriores, es probable que ésta vez no se quede en papel mojado al ir acompañada de una serie de incentivos por parte de la Administración, que pretende que esas compañías se anticipen a posibles situaciones de crisis y dispongan a medio plazo de programas de formación permanente y recolocación de sus trabajadores. Esos consejos -en realidad, los políticos pretenden que tengan un peso mayor- se incluyen en un informe elaborado por los miembros de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados que, una vez aprobado por todos los grupos parlamentarios, pasará el último trámite del Pleno a finales de septiembre, una vez que se reanude la actividad en la Cámara Baja tras las vacaciones estivales. Es el resultado de más de un año de trabajo y de la aportación de más de medio centenar de expertos. Entre sus 58 recomendaciones, se aconseja también que todas aquellas empresas españolas que operan en América Latina apliquen criterios de responsabilidad social también al otro lado del Atlántico. Con ello, se conseguiría mejorar las difíciles circunstancias en las que se halla gran parte de su población y, además, les reportaría un mayor prestigio y consideración sociales. Incentivos La adopción de estos compromisos es totalmente voluntaria, pero implica el reconocimiento del papel que las grandes corporaciones desempeñan tanto en la creación y distribución de la riqueza como en la integración social de los ciudadanos. Además, desde la Administración se incentivará la incorporación a las plantillas de mujeres víctimas de la violencia de género, discapacitados o jóvenes con bonificaciones en la Seguridad Social. El Congreso pretende que, de cara a los trabajadores, el principal principio rector de las empresas sea superar los mínimos legales en materias como la seguridad, la contratación indefinida y las negociaciones colectivas. La igualdad entre sexos es también una exigencia, y para ello se recomienda que desde las corporaciones se facilite y promueva que los trabajadores varones asuman su posición dentro de las tareas familiares. Para promover la adopción de estos compromisos, las administraciones públicas incentivarán con beneficios fiscales a las grandes corporaciones que incorporen a su gestión criterios de RSE (responsabilidad social empresarial), así como a aquellas que inviertan en actividades beneficiosas a nivel medioambiental. Además desempeñarán un papel tanto «regulador» como «facilitador» y «promotor».