E.ON tendrá que dejar las centrales de carbón si sigue la opa sobre Endesa

El Consejo de Administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) descartó ayer la posibilidad de vetar la opa del grupo alemán E.ON sobre Endesa, la primera eléctrica española, y se decantó por aprobarla con condiciones,entre ellas la de desprenderse del 30% de la potencia eléctrica de Endesa en España (7.000 megavatios) si quiere seguir adelante con la opa. En este paquete se encontrarían las centrales de carbón, que quedarían así protegidas de pasar a manos extranjeras. La decisión de descartar el veto y optar por la autorización condicionada fue adoptada por unanimidad en el seno del Consejo. Tras la votación, los consejeros comenzaron a debatir las condiciones que se impondrán a la opa de E.ON. Según fuentes próximas al organismo regulador, las condiciones irán encaminadas a preservar la seguridad del suministro energético, de acuerdo con las nuevas funciones asignadas a la CNE. Estas condiciones estarán en línea con lo que se ha barajado desde el principio, aunque se alejarán de los planteamientos del ponente, Jorge Fabra, partidario incluso de exigir a E.ON la venta de Ruhrgas, su filial gasista. Según las fuentes consultadas, lo más probable es que, al fijar las condiciones, los consejeros se ajusten a «la literalidad» del Real Decreto-Ley que amplió las funciones de la CNE. Por ello, es previsible que las condiciones afecten a la gestión de las centrales nucleares, a las plantas que utilizan carbón nacional y a las instalaciones energéticas de los sistemas extrapeninsulares. A vueltas con el decreto-ley El Real Decreto-Ley, aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de febrero, señala que las operaciones de concentración en el sector energético podrán ser denegadas o sometidas a condiciones por la «existencia de riesgos significativos» para las actividades reguladas o para proteger el interés general, en particular los activos estratégicos. Se consideran activos estratégicos «aquellos que puedan afectar a la garantía y seguridad de los suministros de gas y electricidad», entre ellos los gasoductos internacionales, las instalaciones de transporte de electricidad, las instalaciones de producción, transporte y distribución de los sistemas insulares y extrapeninsulares, y las centrales nucleares y de carbón. Las fuentes consultadas descartaron que el Gobierno haya negociado con las empresas y añadieron que lo lógico es que el Consejo de la Comisión Nacional de Energía se ajuste a la normativa que fija sus competencias. Fuentes gubernamentales consultadas recalcaron que el Gobierno tiene la obligación de preservar la garantía y la calidad del suministro energético y señalaron que el Ejecutivo trabajará para que las instalaciones estratégicas queden siempre en manos españolas. El portavoz adjunto del Grupo Popular, Vicente Martínez Pujalte, acusó al Gobierno de entrometerse en las deliberaciones de la CNE. En la Bolsa, los inversores apostaron hoy por una autorización con condiciones asumibles para E.ON.