Competencia pide transparencia al Gobierno si cambia sus decisiones

La nueva ley de defensa de la competencia reduce el papel del Gobierno en las concentraciones empresariales en favor de una Comisión Nacional de la Competencia de nueva creación. El Ejecutivo, no obstante, podrá cambiar las decisiones de este organismo cuando prohíba o apruebe con condiciones una operación. Para actuar, deberá argüir criterios de «interés general», un concepto amplio que ha levantado las suspicacias del Tribunal de Defensa de la Competencia. El proyecto de ley, que el Consejo de Ministro mandó al Parlamento hace unos días, apunta que el Gobierno podrá actuar para garantizar la defensa nacional, la seguridad o salud pública, la libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional, el medio ambiente, la unidad del mercado nacional y el equilibrio territorial, las políticas sociales, el pluralismo informativo, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos. Llevar la contraria También podrá llevar la contraria a la Comisión para lograr el «adecuado mantenimiento» de los objetivos de una regulación sectorial. Éste es uno de los conceptos más polémicos de la lista, ya que su inconcreción da manga ancha al Consejo de Ministros para actuar de forma arbitraria y discrecional. Por encargo del Ministerio de Economía, el Tribunal de la Competencia elaboró a finales del año pasado un informe en el que alertó de la ambigüedad de los criterios que permitirán al Ejecutivo cambiar algunas de sus decisiones. «Son demasiado genéricos y poco adecuados para el objetivo de seguridad jurídica que persigue la ley», argumentó el organismo que ahora enjuicia las operaciones de concentración y las prácticas contrarias a la libertad de mercado. Pese a estas advertencias, el departamento que dirige Pedro Solbes decidió mantener la mayoría de las razones de la lista. Respecto al anteproyecto, sólo ha eliminado la defensa de los derechos y libertades constitucionales, pues estima que están suficientemente amparados por el Tribunal Constitucional. El secretario de Estado de Economía, David Vegara, defendió esta semana los cambios y recordó que el Gobierno tendrá a partir de ahora menos posibilidades de intervenir en las operaciones. Al mismo tiempo, juzgó necesario que el Ejecutivo pueda contrariar a la Comisión en algunas circunstancias. «La defensa de la competencia no lo es todo», argumentó. El número dos del Ministerio aseguró que los criterios han sido elaborados teniendo en cuenta las normativas de los países más avanzados en materia de competencia y con la normativa comunitaria como referencia. Con todo, admitió que se podrán pulir durante el paso de la ley por el Congreso y el Senado. «Cuán tasada es esta lista se podrá debatir en el debate parlamentario», concluyó.